La defensa de Begoña Gómez presenta un informe pericial que cifra en 13.000 euros el superávit para la Universidad Complutense
La representación legal de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha remitido al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid un informe pericial que contradice la tesis de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) sobre un presunto perjuicio patrimonial. El documento, elaborado por el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Jesús Rodríguez Márquez, sostiene que la gestión de la cátedra extraordinaria no solo no generó pérdidas a la institución pública, sino que resultó en un superávit de 12.856,47 euros.
Este informe técnico se presenta como respuesta a la personación de la UCM en la causa en calidad de perjudicada. La universidad había remitido previamente un escrito al magistrado Juan Carlos Peinado detallando un gasto de 113.509 euros en el desarrollo de una plataforma de software vinculada a la Cátedra de Transformación Social y Competitiva. Sin embargo, la defensa argumenta que dicha cuantificación es «incorrecta» y que el gasto investigado se ejecutó bajo el estricto cumplimiento de la normativa presupuestaria y de contratación.
El análisis pericial desglosa la financiación de la cátedra, señalando que los fondos procedían íntegramente de entidades privadas mediante convenios de patrocinio que sumaron un total de 176.000 euros. Según el documento, de esa cantidad, 158.400 euros estaban destinados específicamente a las actividades de la cátedra, incluyendo el desarrollo de la herramienta digital. El informe subraya que la universidad destinó 108.765,79 euros a la finalidad prevista, cumpliendo así con las obligaciones contractuales adquiridas con los patrocinadores.
En cuanto a los costes indirectos y de gestión, la universidad recibió 17.600 euros (correspondientes al 10% de las aportaciones totales) para sufragar gastos de personal y dirección. El perito judicial subraya que el gasto real de la UCM por estos conceptos fue de tan solo 4.743,53 euros. Al restar esta cifra del canon recibido, el informe concluye que la institución educativa obtuvo un beneficio neto por la gestión de la cátedra que codirigía Gómez.
El argumento central de la defensa descansa en la naturaleza de los fondos. Sostienen que, al tratarse de financiación externa finalista, la UCM no comprometió recursos propios. «Nunca puede suponer un perjuicio gastar unos fondos que proporcionan unos terceros para un fin concreto», reza el informe, añadiendo que, de no haber destinado el dinero al software, la universidad podría haber incurrido en un incumplimiento frente a las empresas patrocinadoras como Google, La Caixa o Reale Seguros.
Esta nueva diligencia se produce en una fase avanzada del procedimiento. El pasado 11 de abril, el juez Peinado dio por concluida la instrucción y propuso juzgar a Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. El magistrado también mantiene el procedimiento contra el empresario Juan Carlos Barrabés y Cristina Álvarez, asesora de Gómez, mientras que archivó la imputación por intrusismo profesional.
Con este tercer informe pericial aportado a la causa, la defensa busca desmontar el cargo de malversación y apropiación indebida del software, insistiendo en que la trazabilidad del dinero confirma que la institución pública no sufrió menoscabo económico. La documentación queda ahora a disposición del juzgado para su valoración en el marco de la apertura del juicio oral solicitada por las acusaciones.
