El Ministerio de Justicia destinó 44.649 euros a la cartelería con la marca «Gobierno de España» retirada por el CGPJ
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, bajo la dirección de Félix Bolaños, realizó un desembolso de 44.649 euros para la instalación de nueva cartelería en sedes judiciales de todo el territorio nacional. La actuación, que buscaba incorporar la denominación institucional «Gobierno de España» en los juzgados, fue finalmente revertida tras las objeciones presentadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que consideró que dicha señalización comprometía la imagen de independencia del poder judicial.
Según los datos obtenidos a través del Portal de Transparencia, la inversión exacta ascendió a 44.649 euros, IVA incluido. El gasto se justificó bajo el concepto de «suministro e instalación de la cartelería exterior para el cambio de denominación a nuevos tribunales de instancia», una medida enmarcada en la reforma organizativa de la Administración de Justicia impulsada por el Ejecutivo.
La controversia institucional se originó cuando el CGPJ manifestó su rechazo formal a la presencia destacada de la marca del Gobierno en los edificios judiciales. El órgano de gobierno de los jueces argumentó que vincular visualmente las sedes donde se administra justicia con el Poder Ejecutivo podría generar una percepción errónea de dependencia en la ciudadanía, afectando a la separación de poderes consagrada constitucionalmente.
El proceso de sustitución de la señalización exterior afectó a edificios judiciales ubicados en diversas comunidades autónomas, entre las que se encuentran Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía y Canarias. La respuesta oficial del Ministerio, firmada por la directora general para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia, Verónica Ollé Sesé, representa la primera confirmación presupuestaria sobre el coste de esta iniciativa.
La instalación de estos rótulos formaba parte de los cambios derivados de la entrada en funcionamiento de los nuevos Tribunales de Instancia. Sin embargo, el debate sobre los límites competenciales en la gestión de la imagen corporativa de los juzgados se saldó con la retirada de las referencias cuestionadas. Tras las quejas del CGPJ, el Ministerio procedió a eliminar la marca institucional de los carteles para preservar la neutralidad visual de las sedes del Poder Judicial.
Esta resolución pone fin a un episodio de tensión administrativa entre ambos órganos, en un contexto marcado por la vigilancia de la autonomía judicial y la adecuación de la identidad visual de las instituciones del Estado en los espacios de servicio público.
