Un estudio documental sobre la caída de BPA desvincula el colapso bancario de motivaciones políticas

La publicación del libro “La caída de Banca Privada d’Andorra: los emails delatores” ha aportado nuevas pruebas documentales que refuerzan la tesis judicial sobre el origen del colapso de la entidad. La obra, basada en auditorías internas y comunicaciones corporativas, señala que la intervención del banco en 2015 respondió a una estructura sistemática de blanqueo de capitales a gran escala y no a una supuesta persecución política vinculada al contexto del independentismo catalán.

El texto, escrito por el periodista Ricard Poy y el informático José Luís Pérez, recopila correos electrónicos extraídos de la auditoría realizada por Price Waterhouse Coopers (PwC) a petición de la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) de Andorra. Estos documentos, que forman parte de la macrocausa judicial en curso, revelan operativas presuntamente ilícitas que se remontan al año 2004, invalidando cronológicamente las teorías que sitúan el origen de la crisis en la llamada «Operación Cataluña».

Evidencias en la comunicación interna

Según los autores, la estrategia de crecimiento del BPA, que en 2001 era la entidad más pequeña del Principado, se basó en la captación de capitales extranjeros en jurisdicciones de alto riesgo como Uruguay, Argentina y México. Al carecer de licencias bancarias en dichos países, la entidad habría diseñado una red de sucursales encubiertas y sociedades pantalla para transferir fondos hacia Andorra, dotándolos de una apariencia de legalidad frente a los bancos corresponsales para evitar sospechas.

Entre los hallazgos destaca un correo de Alfredo Español, entonces director de Asesoría Legal de Negocios Internacional del BPA, en el que instaba a los empleados a cesar el envío de mensajes que describieran con excesivo detalle las actividades ilegales. En la comunicación, el directivo advertía que el nivel de descripción de las operativas propuestas para burlar la normativa en América Latina era “de premio”, evidenciando el conocimiento institucional de las irregularidades.

Resoluciones judiciales y tramas internacionales

La justicia andorrana ya ha emitido las primeras sentencias en relación con estas actividades. El año pasado, el ex consejero delegado de la entidad, Joan Pau Miquel, fue condenado a siete años de prisión por blanqueo de capitales en una causa que afectaba a un solo cliente. El Tribunal de Corts corroboró que la entidad facilitó el lavado de aproximadamente 70 millones de euros pertenecientes a la red del ciudadano chino Gao Ping entre los años 2007 y 2011.

Asimismo, el libro profundiza en el denominado “caso PDVSA”, relativo al expolio de la petrolera estatal venezolana. Las investigaciones apuntan a que cerca de 2.000 millones de dólares fueron desviados a través de BPA mediante una red de sobornos y contratos fraudulentos que involucraba a altos cargos del régimen chavista, como Diego Salazar y el exministro Rafael Ramírez. Actualmente, 28 personas se encuentran procesadas a la espera de juicio por esta trama internacional de corrupción.

El papel de la banca corresponsal

La documentación aportada indica que las alarmas sobre el BPA no surgieron de estamentos políticos españoles, sino de la banca internacional y los organismos de control financiero. JP Morgan fue la primera entidad en romper relaciones con el banco andorrano el 1 de octubre de 2010, tras detectar indicios de operativas irregulares. A esta decisión se sumaron posteriormente otras entidades como Société Générale.

Esta cronología de hechos, documentada desde una década antes de la intervención, debilita la narrativa que vincula la caída del banco con la coyuntura política del ‘procés’. Los registros confirman que las acciones del Departamento Antifraude de Estados Unidos (FinCen) se sustentaron en un historial de malas prácticas financieras y el uso de la entidad por parte del crimen organizado de Rusia, China y Venezuela, sin vinculación acreditada con la agenda política catalana.