El Gobierno cifra en 15.818 los cambios de sexo registral desde la aprobación de la Ley Trans

Un total de 15.818 personas han modificado su mención registral de sexo en el Registro Civil desde la entrada en vigor de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, aprobada en febrero de 2023. Así lo ha confirmado el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria oficial, ofreciendo el primer balance consolidado tras un año de vigencia de la norma.

La información ha sido remitida por el Gobierno tras una batería de preguntas formuladas por el grupo parlamentario Vox. La formación solicitaba datos pormenorizados sobre el número de inscripciones practicadas en los Registros Civiles relativas a la rectificación de la mención del sexo, así como información adicional sobre el perfil de los solicitantes.

En el marco de esta consulta, la oposición interpeló al Ejecutivo sobre cuántas de estas modificaciones habían sido realizadas por personas con antecedentes penales o policiales, específicamente aquellos relacionados con delitos sexuales. Sin embargo, en la respuesta facilitada a las Cortes, el Gobierno no ha proporcionado una cifra concreta ni desagregada respecto a la situación penal de los ciudadanos que han accedido al trámite.

Ante la pregunta sobre si se realizan comprobaciones de los antecedentes penales antes de proceder al cambio registral, el Ejecutivo se ha remitido al procedimiento establecido en el artículo 44 y siguientes de la citada ley. Según detalla el Gobierno, el proceso administrativo se fundamenta en la realización de dos comparecencias ante el encargado del Registro Civil, donde se recoge la manifestación de voluntad de la persona interesada y su disconformidad con el sexo mencionado en su inscripción de nacimiento.

La actual legislación, que eliminó la obligatoriedad de presentar informes médicos o psicológicos y la exigencia de dos años de tratamiento hormonal previo, sitúa la voluntad de la persona como el elemento central del proceso. El procedimiento incluye una primera comparecencia donde se informará al solicitante de las consecuencias jurídicas del acto, seguida de una ratificación en un plazo máximo de tres meses.

Esta respuesta parlamentaria se produce en un contexto de seguimiento institucional sobre la aplicación de la norma, que supuso uno de los hitos legislativos de la pasada legislatura y que continúa bajo el escrutinio de los diferentes grupos parlamentarios en cuanto a sus efectos administrativos y de seguridad jurídica.