Incidentes en la prisión de Aranjuez tras un fallo eléctrico de ocho horas en la mitad del centro
El Centro Penitenciario de Aranjuez registró durante la madrugada de este miércoles un fallo generalizado en el suministro eléctrico que se prolongó por más de ocho horas. La avería, que afectó a la mitad de las instalaciones, generó incidentes regimentales y altercados en varios módulos residenciales, según han denunciado fuentes sindicales y trabajadores del recinto. El apagón impidió el funcionamiento de los sistemas automatizados de apertura de puertas, comprometiendo la operativa de seguridad durante el turno nocturno.
La Asociación Profesional de Trabajadores Penitenciarios «Tu Abandono Me Puede Matar» (Tampm) ha dirigido una comunicación formal al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Luis Ortiz, detallando la gravedad de los hechos. Según el sindicato, el fluido eléctrico se interrumpió a las 21:30 horas y no fue restablecido hasta las 6:00 horas del día siguiente. El fallo de dos de los tres grupos electrógenos de emergencia dejó sin suministro a los módulos 4, 5 y 6, donde se produjeron desórdenes colectivos, quema de objetos e insultos hacia los funcionarios de servicio.
Riesgos operativos y de seguridad
La principal preocupación manifestada por el personal penitenciario radica en que la infraestructura de la prisión de Aranjuez depende íntegramente del suministro eléctrico para la movilidad interna. Los sistemas de cierre de las celdas, el paso entre módulos y el acceso principal al recinto se encuentran automatizados, lo que, ante una ausencia prolongada de energía, bloquea cualquier intervención de emergencia o traslado médico en una instalación que alberga a cerca de 1.000 internos.
Este episodio se enmarca en una crisis de mantenimiento que afecta al centro desde hace meses. Informes previos señalan deficiencias estructurales que incluyen averías recurrentes en los sistemas de climatización, falta de agua caliente en determinadas áreas por rotura de tuberías y problemas en la depuradora. Estas circunstancias han provocado, según datos sindicales, una salida masiva de personal; se estima que unos 400 funcionarios han abandonado la plantilla original de 520 trabajadores en los últimos tres años.
Conflicto con la adjudicataria del mantenimiento
El origen del deterioro en los servicios básicos de la prisión se atribuye a un conflicto administrativo con la empresa Gremoba, encargada del mantenimiento integral. Tras un cambio en su accionariado y la entrada de un nuevo grupo inversor, la prestación del servicio se ha visto interrumpida por impagos a los trabajadores especializados. Esta situación ha obligado a que tareas técnicas sean asumidas en ocasiones por internos con formación limitada o personal de cocina y reparaciones externas puntuales.
Desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, se ha reconocido la irregularidad en el servicio prestado por la concesionaria. No obstante, el organismo subraya que la resolución de contratos públicos y la licitación de nuevos servicios requieren tiempos administrativos reglados que no pueden eludirse. La Administración sostiene que se están implementando medidas paliativas, como la instalación de equipos de aire acondicionado individuales y la supervisión de equipos críticos, mientras se formaliza el nuevo contrato de mantenimiento integral.
Por su parte, las organizaciones de trabajadores han solicitado una intervención urgente para garantizar la integridad física de los funcionarios y la vida de los internos, advirtiendo de que la repetición de fallos eléctricos en un entorno de alta seguridad supone un riesgo inasumible para la estabilidad del sistema penitenciario en la Comunidad de Madrid.
