La crisis de rentabilidad en el sector primario condiciona el relevo generacional en la agricultura malagueña

El futuro de la agricultura española enfrenta un desafío estructural marcado por la falta de rentabilidad y las dificultades para asegurar el relevo generacional. El caso de Miguel Lolas, un joven de 18 años de la provincia de Málaga que ha decidido abandonar su formación en electromecánica para asumir la gestión de la explotación familiar, pone de manifiesto la brecha entre la vocación profesional y la viabilidad económica de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias en el actual contexto de mercado.

Lolas representa la tercera generación de una estirpe de agricultores, siguiendo los pasos de su abuelo y su padre. A pesar de la tradición familiar, el acceso de jóvenes al sector se produce en un entorno de alta incertidumbre. Según el testimonio del propio productor, los precios percibidos en origen no cubren, en ocasiones, los costes de producción, lo que genera una situación de «trabajo a pérdidas» que desincentiva la continuidad de las explotaciones por parte de los nuevos profesionales.

Uno de los puntos críticos señalados por el sector es la disparidad de precios entre el origen y el punto de venta final. En el caso de productos como la cebolla, los agricultores denuncian haber percibido liquidaciones de 0,09 euros por kilo, mientras que el precio final al consumidor en las grandes superficies puede superar los dos euros. Esta diferencia, sumada al incremento de los costes en insumos básicos como el gasóleo agrícola, los fertilizantes y la mano de obra, compromete la sostenibilidad financiera de los productores locales.

A esta coyuntura interna se suma la presión de los mercados internacionales. Datos del Ministerio de Agricultura reflejan que, durante el año 2024, España importó 4,77 millones de toneladas de frutas y hortalizas. De este volumen, el 44,5% procedió de terceros países no pertenecientes a la Unión Europea, con Marruecos como uno de los principales competidores. Las organizaciones agrarias subrayan que estas importaciones suelen operar bajo marcos normativos fitosanitarios y costes laborales más laxos que los exigidos dentro del espacio comunitario.

La falta de medidas de protección para la producción nacional es otra de las demandas recurrentes. Los agricultores solicitan una mayor intervención institucional para garantizar que la cadena de valor se distribuya de forma equitativa y para fomentar el consumo de producto nacional. Sin cambios en las políticas de precios y en la regulación de las importaciones, el sector advierte de un posible abandono masivo de tierras en la próxima década.

Pese a la precariedad de los márgenes comerciales, el compromiso de los jóvenes agricultores con el territorio se mantiene como el último reducto para evitar la despoblación rural. No obstante, la advertencia del sector es clara: la vocación no es suficiente para sostener una actividad económica que, de no corregir sus desequilibrios, amenaza con extinguir el legado de las generaciones que profesionalizaron el campo español.