La política migratoria de España e Italia genera fricciones en el seno de la Unión Europea

Los ministros del Interior de la Unión Europea mantuvieron una reunión telemática de urgencia, convocada tras la reciente crisis migratoria en Ceuta, en la que se evidenciaron las profundas discrepancias entre las estrategias de Madrid y Roma. Mientras el Gobierno de España defendió la gestión de las repatriaciones, la delegación italiana, con el respaldo de varios socios comunitarios, cuestionó la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, vinculándola con un posible impacto en la estabilidad fronteriza del bloque.

El encuentro, que se prolongó por más de tres horas a petición de Italia y Dinamarca, comenzó con la intervención del ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska. El titular de la cartera reivindicó el traslado efectivo a Marruecos de la práctica totalidad de los inmigrantes que accedieron a la ciudad autónoma y criticó la suspensión del espacio Schengen en puertos y aeropuertos por parte de Italia, calificando la medida de falta de solidaridad europea.

No obstante, la posición de Italia, representada en la estrategia de la primera ministra Giorgia Meloni, se centró en solicitar a la Comisión Europea una censura formal contra la regularización extraordinaria aprobada en España. Según las tesis defendidas por Roma, este tipo de medidas unilaterales generan un «efecto llamada» que repercute en el resto de los Estados miembros. Italia sostiene que el plan de regularización, que afecta a más de un millón de personas, se ha tramitado sin el aviso previo ni la coordinación necesaria con los socios de la Unión.

Por su parte, el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, mostró una postura matizada durante la reunión. Si bien los representantes comunitarios valoraron la rapidez de las repatriaciones realizadas por España en Ceuta, también trasladaron su inquietud por la falta de señales alentadoras en la coordinación de políticas migratorias nacionales. Brunner desligó formalmente los sucesos de Ceuta de la regularización, pero reconoció la preocupación institucional por el cumplimiento del pacto migratorio europeo que entró en vigor el pasado mes de junio.

La tensión entre ambos países se enmarca en una batalla política de mayor alcance en las instituciones de la Unión. Italia busca consolidar un bloque de países críticos, principalmente del norte de Europa y Alemania, para que la Comisión Europea emita una crítica formal a la gestión española. Al mismo tiempo, el Gobierno italiano defiende su suspensión temporal de Schengen como una medida cautelar ante la preocupación ciudadana, extremo que ha recibido cierta comprensión por parte de los organismos de la Unión.

El debate concluyó sin una resolución definitiva, dejando abierta la posibilidad de que la política migratoria del Gobierno de Sánchez sea objeto de un análisis más exhaustivo en futuros consejos. El temor del Ejecutivo español reside en que un potencial reproche de Bruselas debilite su influencia en la toma de decisiones sobre la gestión compartida de las fronteras exteriores de la Unión Europea.