MADRID. — El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha iniciado formalmente el procedimiento para declarar la antigua cárcel de Yeserías, actual Centro de Inserción Social (CIS) Victoria Kent, como Lugar de Memoria Democrática.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes el acuerdo de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática por el que se incoa este expediente. La medida tiene como objetivo reconocer el inmueble, situado en el distrito de Arganzuela, como un espacio vinculado a la represión política y a la vulneración de derechos fundamentales, con especial énfasis en la experiencia histórica de las mujeres que sufrieron privación de libertad por su compromiso democrático durante la dictadura y los años de la Transición.
La iniciativa ha sido impulsada por diversas asociaciones memorialistas y colectivos de antiguas presas. Según detalla la Delegación del Gobierno, estas agrupaciones han promovido durante los últimos años actos de homenaje en el recinto para evitar que el edificio se convierta en un espacio carente de contexto histórico. La reivindicación busca que el lugar funcione como un eje de transmisión para las generaciones futuras sobre la realidad del sistema penitenciario y la resistencia de quienes defendieron las libertades democráticas.
Desde el punto de vista histórico, el centro de Yeserías desempeñó un papel relevante en el engranaje represivo de la posguerra. Aunque fue concebido inicialmente como una prisión para hombres, tras el fin de la Guerra Civil en 1939 formó parte de la red de centros que albergó a los miles de prisioneros políticos que permanecían en la capital. Según estimaciones oficiales, a finales de ese año Madrid contaba con unos 90.000 prisioneros por motivos políticos, de los cuales más de 65.000 se encontraban en cárceles como Porlier, Ventas, San Antón o la propia Yeserías.
En el año 1974, el centro fue reconvertido en prisión femenina, convirtiéndose en uno de los principales núcleos de reclusión para mujeres hasta el inicio de la democracia. Durante este periodo, las instalaciones albergaron a militantes antifranquistas, activistas sindicales y estudiantes. El expediente del Ministerio subraya que el recinto fue escenario de una represión específica sobre la mujer, marcada por condiciones de hacinamiento, falta de intimidad y un régimen disciplinario severo.
Los testimonios documentados de las antiguas reclusas refieren la existencia de redes de apoyo mutuo y actividades de formación organizadas de forma clandestina dentro de la prisión. Asimismo, se registraron episodios de protesta colectiva contra prácticas como los registros corporales humillantes y las deficientes condiciones sanitarias, lo que, según el texto del acuerdo, configura al edificio no solo como un lugar de encarcelamiento, sino también como un espacio de resistencia civil frente a las estructuras del Estado en la fase final del régimen previo a la Constitución de 1978.
