La Audiencia de Madrid reduce a dos los delitos contra Begoña Gómez y retira las medidas cautelares
La Audiencia Provincial de Madrid ha resuelto acotar el procedimiento judicial contra Begoña Gómez, limitando las acusaciones a los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. En su reciente resolución, el tribunal ha decidido archivar las líneas de investigación relativas a corrupción en los negocios y apropiación indebida, lo que conlleva la retirada de las medidas cautelares que obligaban a la esposa del presidente del Gobierno a entregar su pasaporte y comparecer periódicamente en sede judicial.
El auto judicial avala la continuidad de la instrucción al considerar que existen indicios suficientes de que Gómez pudo utilizar su situación personal para obtener el apoyo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en la creación de una cátedra extraordinaria y captar financiación de entidades privadas. No obstante, los magistrados han reducido el alcance de la causa al descartar el delito de apropiación indebida relacionado con el software de sostenibilidad desarrollado para la universidad.
Para desestimar este último cargo, la Audiencia esgrime tres razones de carácter técnico: la naturaleza intangible del software, la ausencia de un título jurídico previo que obligara a su restitución formal y el hecho de que el delito de apropiación indebida está orientado a la protección de patrimonios privados, una condición que no se cumple al tratarse de bienes de una institución pública. Esta decisión se produce a pesar de que la propia Universidad Complutense había reclamado judicialmente 109.000 euros por los perjuicios derivados de la gestión de dicha plataforma tecnológica.
En cuanto al delito de corrupción en los negocios, el tribunal ha decidido tumbar la tesis de la instrucción que veía un posible intercambio de favores entre Gómez y el empresario Juan Carlos Barrabés. La Audiencia no ha encontrado base suficiente para mantener el procesamiento por este concepto, separando definitivamente la relación profesional entre ambos de las posibles irregularidades penales que se juzgarán ante un tribunal del jurado.
La resolución también afecta a otros investigados en la causa. En el caso de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, el procedimiento continuará únicamente por el presunto delito de malversación de caudales públicos, quedando exonerada de los otros tres cargos iniciales. Esta decisión ha sido recibida positivamente por su representación legal al reducirse notablemente la carga punitiva sobre su figura.
Por último, la Audiencia de Madrid ha ratificado que la investigación sobre los contratos públicos adjudicados a las empresas de Juan Carlos Barrabés que contaban con financiación europea debe quedar fuera de este procedimiento. Al verse afectados intereses financieros de la Unión Europea, la competencia recae exclusivamente en la Fiscalía Europea. De esta forma, el juzgado madrileño solo conocerá los hechos que no impacten en los fondos comunitarios, fragmentando la causa original en dos instancias judiciales diferenciadas.
Con el levantamiento de las medidas cautelares, Begoña Gómez recupera su plena libertad de movimientos y la posesión de su pasaporte, al descartar el tribunal la existencia de riesgo de fuga. El proceso seguirá ahora su curso bajo la ley del tribunal del jurado para dirimir las responsabilidades pendientes por tráfico de influencias y malversación.
