El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, ha negado este jueves ante el magistrado instructor del caso Leire Díez cualquier tipo de vinculación con la presunta trama dirigida para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) y a los agentes encargados de investigaciones que afectan al entorno del Ejecutivo. Durante su declaración en calidad de investigado, Llamas ha enmarcado las acusaciones de sus subordinados en una situación de conflicto interno y falta de sintonía dentro de la cúpula del cuerpo.
Ante el juez Santiago Pedraz, el teniente general sostuvo que los testimonios aportados por los generales Rafael Yuste, responsable de la UCO, y Alfonso López Malo, general jefe de la Policía Judicial, responden a una «vendetta» personal. Ambos mandos habían relatado previamente al instructor que el DAO utilizó la apertura de tres informaciones reservadas como una herramienta de intimidación y presión contra la unidad de élite en momentos críticos de sus investigaciones.
Llamas defendió la apertura de estos expedientes internos calificándolos como procedimientos administrativos comunes destinados a esclarecer posibles malas praxis o filtraciones de pesquisas a los medios de comunicación. En su declaración, incidió en que estas actuaciones nunca pretendieron entorpecer el trabajo de la Policía Judicial y calificó de «erróneas» las interpretaciones realizadas por Yuste y López Malo sobre la finalidad de dichas investigaciones disciplinarias.
Uno de los puntos centrales del interrogatorio fue la investigación interna abierta en diciembre de 2024 tras la inclusión del correo oficial de Begoña Gómez en un informe de la UCO. Llamas justificó este expediente basándose en la necesidad de analizar los informes exhaustivamente para evitar perjuicios a personas ajenas a los procesos judiciales. Según el DAO, el error en el dossier podría haber revelado datos personales sensibles, lo que motivó una amonestación verbal al agente responsable pese al archivo posterior de las actuaciones.
En cuanto a las instrucciones operativas, el DAO negó haber ordenado a los agentes «no ser proactivos» o «ponerse de perfil» en las investigaciones políticas, atribuyendo tales expresiones al anterior director del cuerpo, Leonardo Marcos. No obstante, el teniente general defendió la premisa de que debe ser siempre la autoridad judicial, y no la unidad policial por iniciativa propia, quien proponga el avance de las pesquisas en causas de especial sensibilidad.
Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción mantiene bajo análisis el hecho de que Llamas recibió información sobre la existencia de una trama contra la UCO el 29 de mayo de 2025, diez días antes de que la propia unidad de élite le diera traslado de sus sospechas. Según las fuentes jurídicas, el DAO no alertó de inmediato a los mandos perjudicados ni emitió órdenes para que la Jefatura de Información o la Policía Judicial iniciaran una investigación conjunta sobre estos hechos.
Finalmente, el teniente general reveló que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, le confesó el 5 de mayo de 2025 que conocía a Leire Díez. Esta revelación sitúa el conocimiento del vínculo casi un mes antes de que la directora se reuniera con los mandos de la UCO para manifestarles su respaldo institucional ante la operación de descrédito que estaba sufriendo la unidad.
