Altos funcionarios del Estado refuerzan su protección jurídica ante el aumento de órdenes verbales
Altos funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) han comenzado a implementar protocolos de autoprotección y trazabilidad documental ante el incremento de órdenes verbales emitidas por los responsables de los departamentos. Estos profesionales, pertenecientes a los cuerpos superiores, denuncian que la falta de instrucciones por escrito dificulta la delimitación de responsabilidades en caso de detectarse irregularidades administrativas, lo que ha generado un clima de desconfianza en el seno de la función pública.
La estrategia de los funcionarios consiste en garantizar una «trazabilidad absoluta» de su participación en los expedientes. Para ello, están recurriendo al registro de todas las versiones de un mismo texto, la solicitud de acuses de recibo tras la modificación de informes y, en casos específicos, el uso de grabaciones para evitar interpretaciones erróneas de las directrices recibidas. El objetivo es evitar que las decisiones políticas que alteran los criterios técnicos acaben derivando en responsabilidades penales o administrativas para los empleados públicos.
Este cambio en la operativa de trabajo responde al temor ante los procesos judiciales por presunta corrupción que afectan a distintos ámbitos de la administración. Según fuentes del sector, el pánico a verse implicados en denuncias ha llevado a los técnicos a blindar su actuación profesional. Advierten que se están produciendo situaciones donde informes técnicos son corregidos por superiores jerárquicos o, en otros casos, se decide no tramitar comunicaciones obligatorias, como las notificaciones a la Comisión Europea sobre directivas comunitarias.
Como medida de precaución adicional, las asambleas anuales de los cuerpos superiores del Estado han puesto sobre la mesa la contratación masiva de seguros de responsabilidad civil. Estos seguros buscan proteger el patrimonio y la carrera profesional de los funcionarios ante posibles inhabilitaciones o sanciones administrativas que podrían sustanciarse años después de la ejecución de los actos cuestionados. Asociaciones profesionales, como Fedeca, están instando a sus miembros a cubrirse las espaldas y a denunciar cualquier práctica que consideren sospechosa.
La preocupación se extiende especialmente entre los mandos intermedios, quienes son los encargados de firmar las tramitaciones finales. La recomendación interna actual es dejar constancia de quién ordena los cambios y en qué momento se producen, asegurando que el expediente refleje fielmente si el resultado final coincide con el criterio original del técnico o si fue modificado por una instancia superior. Esta metodología busca asegurar que el «Estado de Derecho» prevalezca sobre prácticas que los afectados califican de irregulares.
Finalmente, los funcionarios alertan sobre la celeridad en la adjudicación de subvenciones y la eliminación de advertencias en informes previos, una dinámica que ha intensificado la sensación de vulnerabilidad. Ante la posibilidad de ser imputados por delitos derivados del «modus operandi» administrativo actual, la alta función pública ha optado por un repliegue preventivo basado en el registro minucioso de cada paso administrativo dado.
