El magistrado Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, ha dictado una providencia por la que acuerda el inicio de un proceso de expurgo de la documentación intervenida el pasado 27 de mayo en la sede central del PSOE. El objetivo de esta medida es separar y eliminar de la causa aquellos archivos y dispositivos digitales que carezcan de relevancia para la investigación del denominado caso Leire Díez.
Para llevar a cabo esta tarea, el juez ha ordenado la apertura de una pieza separada y secreta de expurgo. En este procedimiento reservado únicamente participarán el Ministerio Fiscal y la representación de la parte interesada, con el fin de delimitar qué elementos deben permanecer incorporados a las actuaciones judiciales y cuáles deben ser excluidos para salvaguardar derechos ajenos al proceso penal.
La resolución judicial instruye a la Unidad de Tratamiento Documental para que integre en esta pieza las copias de trabajo y los documentos escaneados provenientes de los volcados informáticos realizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El magistrado ha sido explícito al requerir que se aporte exclusivamente el contenido que guarde relación directa con el objeto de la investigación, tras lo cual se procederá a la selección definitiva de las evidencias.
En el plano procesal, el juez Pedraz ha precisado que el PSOE, como organización, no figura formalmente personado en la causa, lo que limita su capacidad para realizar solicitudes directas en el sumario. Sin embargo, el magistrado recuerda que la actual gerente de la formación, Ana María Fuentes, mantiene su condición de investigada en el procedimiento. En este sentido, propone que sea ella, a través de su defensa letrada, quien canalice la entrega de cualquier documentación del partido que se considere de interés para el esclarecimiento de los hechos.
La petición de expurgo fue elevada por el PSOE tras el requerimiento judicial en su sede de la calle Ferraz. La formación política argumentó que gran parte del material intervenido —procedente de departamentos como seguridad, gerencia o control de garaje— contenía información genérica y sensible que no guarda vinculación con la causa. Según el escrito presentado, la permanencia de estos archivos en el juzgado podría causar un «daño irreparable» a la privacidad de sus militantes y al funcionamiento estratégico de la organización.
Finalmente, el partido advirtió sobre el riesgo de filtraciones del contenido no pertinente, señalando que esto afectaría no solo a derechos de terceros, sino que situaría a la formación en una posición de vulnerabilidad frente a otras fuerzas políticas que ejercen la acusación popular en el proceso. Con la apertura de esta pieza secreta, el juzgado busca equilibrar el avance de la instrucción con la protección de datos ajenos a las pesquisas judiciales.
