La alcaldesa de València defiende la legalidad en la contratación de personal tras la apertura de diligencias de Fiscalía
La alcaldesa de València, María José Catalá, ha calificado como un «trámite de absoluta normalidad» la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía Anticorrupción en relación con la supuesta recolocación irregular de personal procedente del Consorcio Valencia 2007. La investigación, que se centra en presuntos delitos de prevaricación administrativa, afecta también a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, Mar Chao, a las concejalas Rocío Gil y Paula Llobet, y a cuatro empleados públicos.
Durante una comparecencia ante los medios de comunicación, la primera edil ha subrayado que el Ministerio Público tiene la obligación de abrir diligencias ante cualquier denuncia, independientemente de su fundamentación. Catalá ha anunciado que el consistorio pondrá a disposición de la Fiscalía el expediente completo de la liquidación del Consorcio, así como la documentación relativa a la Fundación Visit València y los procesos administrativos que competen a la administración municipal.
La alcaldesa ha defendido la transparencia del proceso de incorporación de un empleado público a la Fundación Visit València, asegurando que se realizó mediante un sistema de concurso-oposición con bases regladas y sin que se haya registrado ninguna reclamación o recurso administrativo posterior. Según los datos facilitados, la plaza en cuestión fue creada por la anterior corporación municipal y el acceso se produjo bajo el régimen de derecho laboral correspondiente.
En el marco de su defensa institucional, Catalá ha recordado que el Consorcio Valencia 2007 se encuentra en fase de liquidación tras un acuerdo de su Consejo Rector en mayo de 2022. Este proceso supuso la extinción de los contratos de trabajo del personal a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), avalado por un informe de la Abogacía del Estado que concluía la imposibilidad de subrogación directa de los trabajadores por parte de otras administraciones públicas.
La primera edil ha cuestionado la postura de los denunciantes, vinculados a la formación Compromís, señalando que en el pasado estos mismos grupos presentaron mociones en el Pleno del Ayuntamiento solicitando la reasignación directa de los once trabajadores del consorcio. Según la alcaldesa, dichas propuestas contaron con informes contrarios de la Secretaría Municipal que advertían sobre la ilegalidad de realizar incorporaciones automáticas sin respetar los principios de acceso al empleo público.
Finalmente, Catalá ha incidido en que el Ayuntamiento ha mantenido una postura coherente con la legalidad vigente y con la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Ha reiterado que toda la documentación, incluidas las actas de los tribunales de selección y las mociones políticas previas, serán entregadas al fiscal para esclarecer los antecedentes del caso y acreditar que las actuaciones municipales se ajustaron a derecho.
