Ceuta habilitará dos centros escolares para la acogida de menores ante la saturación de sus recursos asistenciales
La Ciudad Autónoma de Ceuta procederá a la apertura de dos centros escolares con el fin de alojar a los menores extranjeros no acompañados que han llegado a la localidad desde el inicio de la reciente crisis migratoria. Esta medida excepcional se ha adoptado a petición del Ministerio de Juventud e Infancia, según han confirmado fuentes del departamento dirigido por la ministra Sira Rego, para hacer frente a la falta de espacio en los centros de protección ordinarios.
De acuerdo con los datos oficiales remitidos por el Gobierno de Ceuta este lunes, la ciudad mantiene bajo su tutela a un total de 862 menores inmigrantes. Esta cifra representa una sobreocupación del 2.872% sobre la capacidad operativa ordinaria asignada por el Estado, que se sitúa en 29 plazas. El consejero de Presidencia de la ciudad autónoma ha subrayado la urgencia de estas medidas ante un volumen de llegadas que desborda los recursos locales disponibles.
Desde el Ministerio de Juventud e Infancia se ha informado de la movilización de recursos para habilitar infraestructuras que permitan ofrecer una primera atención digna. Para este propósito, el Ejecutivo central prevé la aprobación de partidas de financiación específicas y créditos extraordinarios destinados a sufragar los costes derivados de la acogida y el mantenimiento de estos nuevos espacios provisionales.
En el marco de la gestión de esta crisis, la Administración General del Estado trabaja en la activación de los mecanismos legales recogidos en la Ley de Extranjería. Entre las vías de actuación se contempla el traslado de menores hacia comunidades autónomas de la Península, fundamentado en el principio de solidaridad vinculante ante situaciones de contingencia migratoria extraordinaria.
Finalmente, el Gobierno central mantiene abiertas otras líneas de resolución, como la reagrupación familiar en los países de origen, supeditada siempre a la verificación del interés superior del menor y a la existencia de condiciones seguras. Paralelamente, se estudia la formalización de convenios de colaboración con organizaciones no gubernamentales especializadas en la protección de la infancia para reforzar la estructura de acogida en la ciudad autónoma.
