La ciudad autónoma de Ceuta experimenta una progresiva estabilización de su situación migratoria tras cumplirse tres meses de la entrada masiva de personas por el espigón de El Tarajal. Según datos de las fuerzas de seguridad y del Gobierno local, el escenario actual se define por el retorno voluntario de decenas de ciudadanos marroquíes hacia su país de origen, motivado por el incremento de la presión policial y la constatación de la inviabilidad de las vías legales para obtener asilo en territorio español.
A pesar de que las estimaciones de permanencia en la ciudad oscilan entre los 8.000 inmigrantes que calcula la Policía Nacional y los 15.000 que maneja el Ejecutivo autonómico, las operaciones de control han alterado la dinámica de estancia. El desmantelamiento de asentamientos en playas y la desarticulación de viviendas ilegales en barriadas periféricas han mermado la capacidad logística de quienes intentan permanecer de forma irregular. Recientemente, una operación en el barrio del Príncipe permitió localizar un inmueble que albergaba a 74 personas en condiciones de hacinamiento bajo un régimen de alquiler ilícito.
Expertos policiales en la zona señalan que el desánimo económico y la certeza de que las solicitudes de asilo serán denegadas están impulsando estos regresos. Al ser Marruecos considerado un país seguro por la Unión Europea, la mayoría de los expedientes de protección internacional terminan en orden de deportación. Por ello, muchos migrantes prefieren cruzar el espigón de vuelta antes de ser identificados formalmente, evitando así una prohibición de entrada en el espacio Schengen que les impediría futuros intentos legales de acceso.
El desafío más crítico para la administración radica en la gestión de los menores extranjeros no acompañados. Actualmente, los recursos locales acogen a 3.619 jóvenes, una cifra que representa el 12.380% de la capacidad ordinaria del sistema de protección de la ciudad. Esta situación de colapso técnico se enfrenta a un doble bloqueo: la limitada redistribución hacia otras comunidades autónomas, que apenas ha alcanzado los 180 traslados, y el silencio administrativo de Marruecos ante los expedientes de reagrupación familiar enviados por las autoridades españolas.
En el ámbito de la seguridad pública, las autoridades reportan una dualidad en el territorio ceutí. Mientras que el centro de la ciudad mantiene una actividad comercial y social normalizada, las zonas periféricas han registrado un incremento en la criminalidad, principalmente en delitos de robos y agresiones donde las víctimas suelen ser los propios migrantes en situación de exclusión. No obstante, mandos de la Policía Nacional subrayan que la percepción de seguridad ciudadana ha mejorado progresivamente desde el inicio de la crisis, aunque la plena normalidad sigue supeditada a la resolución del nudo legal que afecta a la población menor de edad.
