El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha solicitado formalmente al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la reconsideración de su reciente decisión de denegar la autorización económica para medidas de refuerzo en 62 órganos judiciales de toda España. Tras una reunión extraordinaria de su Comisión Permanente celebrada este miércoles, el órgano de gobierno de los jueces advirtió que la ausencia de estos apoyos obligará a la paralización y suspensión de actuaciones jurisdiccionales, afectando directamente al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas.
Según el comunicado emitido por el CGPJ, la resolución ministerial fue notificada la víspera de la fecha en que las medidas debían ser aprobadas o prorrogadas, fijada para el pasado 30 de junio. El Consejo asegura que esta premura temporal impidió proponer alternativas o reconsideraciones dentro de su margen de competencias para paliar los perjuicios derivados. La institución subraya que estos refuerzos se consideran «necesarios e imprescindibles» para garantizar el correcto funcionamiento del sistema judicial frente a la carga de trabajo actual.
A esta reclamación se han sumado las principales asociaciones del sector: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Victoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI). En un comunicado conjunto, las organizaciones han señalado que no existen razones ajenas a lo estrictamente económico para suprimir estas comisiones de servicio. Han destacado, además, que la decisión afecta de manera sensible a juzgados especializados en cláusulas abusivas y condiciones generales de contratación, donde la acumulación de asuntos pendientes es de las más altas del sistema.
Las asociaciones judiciales han advertido que los principales perjudicados serán los ciudadanos que buscan tutela en el ámbito civil, citando ejemplos como procesos de hipotecas, desahucios, imprudencias médicas o grandes lesionados por accidentes. Asimismo, han manifestado su preocupación por el impacto en la salud laboral de los jueces titulares, quienes deberán asumir un aumento súbito de la carga de trabajo. Según su análisis, la creación de nuevas plazas judiciales anunciada por el Ministerio no surtirá efectos hasta dentro de varios meses o años, resultando insuficiente para la urgencia actual.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Justicia han fundamentado la denegación en criterios presupuestarios y de gestión administrativa. Desde el departamento que dirige Félix Bolaños se señala que el Ministerio ya ha autorizado 232 medidas de refuerzo en lo que va de año por un valor de 7,9 millones de euros, cifra que supera el límite del convenio actual suscrito con el CGPJ, dotado con 7,2 millones de euros. Según la versión ministerial, las solicitudes del Consejo ascendían a casi 12 millones de euros, excediendo ampliamente el marco económico disponible.
El Ministerio ha puntualizado que está pendiente desde el mes de marzo la firma de un nuevo convenio por valor de ocho millones de euros por parte del CGPJ. Además, desde el Gobierno se ha instado al órgano de los jueces a fomentar el uso de los mecanismos previstos en la Ley de Eficiencia, tales como el pleito testigo o la extensión de efectos, herramientas legales diseñadas para agilizar la litigación masiva sin incurrir en costes adicionales para la Hacienda Pública.
