El PP solicita la comparecencia de Albares ante el proceso de nacionalización de 2,6 millones de personas
El Grupo Parlamentario Popular ha anunciado la puesta en marcha de una ofensiva parlamentaria destinada a fiscalizar el proceso de nacionalización impulsado por el Gobierno, el cual afecta a una previsión de 2,6 millones de personas. La formación ha registrado una serie de iniciativas en el Congreso de los Diputados para exigir transparencia y garantías jurídicas sobre la gestión administrativa y los recursos destinados a este procedimiento.
Dentro de este paquete de medidas, el principal partido de la oposición ha solicitado la comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ante el pleno de la Cámara Baja. El objetivo es que el titular de la cartera informe sobre la situación de los registros civiles consulares, el funcionamiento del sistema de citas y el balance pormenorizado de expedientes recibidos, aprobados y denegados durante el proceso.
La fiscalización del PP pone especial énfasis en la gestión de los recursos humanos y la externalización de servicios. En este sentido, han reclamado un informe a la Abogacía General del Estado sobre las labores de apoyo contratadas en los consulados. Asimismo, el grupo parlamentario ha exigido la copia completa de los expedientes de contratación de la empresa pública Ineco y del Grupo Palco en Cuba. Sobre esta última, se requiere información por contratos que ascienden a 1,6 millones de euros para el refuerzo de personal en el Consulado de España en La Habana.
Junto a las solicitudes de comparecencia y documentación, el Partido Popular ha formulado una veintena de preguntas parlamentarias para conocer los criterios técnicos aplicados en la resolución de los expedientes. La formación busca esclarecer si existe un orden de prelación basado en la fecha de presentación o en otros baremos administrativos, así como identificar las demarcaciones consulares con mayor saturación, especialmente en Iberoamérica.
Desde la bancada popular subrayan que esta demanda de información pretende asegurar que el proceso se realice con plenas garantías documentales y registrales. Fuentes de la formación insisten en que la gestión debe centralizarse en el Parlamento como sede de la soberanía nacional, con el fin de garantizar la calidad de los servicios públicos y el estricto cumplimiento de la legalidad vigente en materia de nacionalidad.
