El juez Pedraz cita como investigada a la presidenta de la SEPI por presuntas irregularidades en contratos públicos
El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha citado a declarar en calidad de investigada a la presidenta de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, en el marco de la instrucción del denominado «caso Leire». La decisión judicial, que responde a una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, extiende la imputación a otros 24 cargos públicos tras hallar indicios de criminalidad relacionados con la adjudicación de contratos y la gestión de fondos públicos.
Entre los nuevos investigados figuran nombres de relevancia institucional como José Vicente Berlanga, expresidente de la Empresa Nacional del Uranio (Enusa), y Rosario Arévalo, exconsejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha. La providencia judicial se centra en la existencia de una presunta estructura paralela que habría operado en el seno de la SEPI entre los años 2021 y 2023, con el objetivo de favorecer adjudicaciones y rescates financieros a través de influencias políticas.
Las pesquisas apuntan a que los principales responsables de esta trama, identificada bajo el nombre de «Hirurok» —término que significa «nosotros tres» en euskera—, serían Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso. Según el magistrado y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, este grupo habría mediado en al menos cinco operaciones financieras que alcanzan un valor global de 132,9 millones de euros, reportando beneficios personales cercanos a los 750.000 euros.
La investigación judicial vincula también al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con el entorno de la trama. El juez Pedraz sostiene en su resolución que existía una relación previa entre Cerdán y Leire Díez, sugiriendo que el dirigente político podría haber participado en los beneficios de la operativa desde una posición de jerarquía superior, aprovechando su capacidad para orientar procedimientos administrativos en beneficio económico del grupo.
Uno de los expedientes bajo mayor escrutinio es el rescate de 112,8 millones de euros otorgado a la empresa Tubos Reunidos, aprobado por el Consejo de Ministros en julio de 2021. La UCO señala que la tramitación de esta ayuda pudo estar influenciada por gestiones externas, mencionando comunicaciones que sitúan a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, en reuniones en el Complejo de la Moncloa coincidiendo con los contactos de la trama para favorecer a la compañía alavesa.
Los tres integrantes principales del grupo Hirurok ya fueron detenidos el pasado mes de diciembre en una fase previa de la operación. Con estas nuevas citaciones, la Audiencia Nacional busca esclarecer el alcance de la red de influencias y determinar si los altos cargos de la SEPI actuaron bajo criterios técnicos o si, por el contrario, participaron en la instrumentalización de la administración pública para fines privados.
