El empresario Claudio Rivas, socio del comisionista Víctor de Aldama, ha optado por guardar silencio durante la cuarta jornada del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo en relación con la presunta red de comisiones irregulares en la compra de material sanitario. Rivas se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, a pesar de la insistencia del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, por obtener su testimonio sobre la operativa de la trama.
Este movimiento procesal se produce en un contexto donde el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su antiguo asesor, Koldo García, se enfrentan a peticiones de pena de hasta 30 años de prisión. Por el contrario, la Fiscalía y las acusaciones populares han rebajado a siete años la petición para Víctor de Aldama, tras aplicarle la atenuante de colaboración con la justicia. Rivas, identificado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como «codirector» de la estructura junto a Aldama, permanece bajo investigación también en la Audiencia Nacional por un presunto fraude de IVA de 231 millones de euros en el sector de los hidrocarburos.
Las pesquisas de la Guardia Civil sitúan a Rivas como el responsable último de la sociedad Have Got Time, la cual adquirió un chalé en la urbanización de La Alcaidesa, en Cádiz. Según los investigadores, esta empresa habría sido gestionada a través de administradores fiduciarios o «hombres de paja» para evitar el control de la Agencia Tributaria. El objetivo de la adquisición, de acuerdo con las tesis de la UCO, habría sido facilitar el uso del inmueble a José Luis Ábalos como contraprestación para que la empresa Villafuel obtuviera la licencia de operador de productos petrolíferos al por mayor.
Durante las sesiones previas, testigos clave como Leonor González Pano, administradora única de Have Got Time, han corroborado que la decisión de comprar la vivienda en junio de 2021 por más de 526.000 euros fue impulsada por Rivas. González Pano afirmó ante el tribunal que la operación buscaba favorecer la relación con el Ministerio de Transportes para agilizar trámites administrativos vinculados al sector de los hidrocarburos. Asimismo, confirmó que el entonces ministro y su familia hicieron uso del inmueble durante el periodo estival de aquel año.
Por su parte, la defensa de José Luis Ábalos sostiene que el uso del chalé se ajustó a la legalidad bajo un régimen de arrendamiento. El exdirigente socialista entregó en sede judicial facturas y un contrato suscrito en julio de 2021 que estipulaba el pago de una fianza de 5.000 euros y una renta mensual de 2.500 euros. Ábalos justifica el cese de los pagos y la posterior resolución del contrato a principios de 2022 debido a cambios en sus circunstancias personales y a su cese como titular del Ministerio.
La investigación también ha señalado que parte de los beneficios obtenidos por la red habrían sido transferidos a cuentas en Portugal, China y Colombia. Rivas, que llegó a pasar dos meses en prisión preventiva por su implicación en el caso de los hidrocarburos, es considerado una pieza fundamental en el engranaje financiero que conectaba los intereses empresariales con los contactos en la administración pública que facilitaba el asesor Koldo García bajo las directrices de Aldama.
