El Gobierno de Colombia formaliza el fin de los diálogos con grupos armados ilegales
El presidente de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha decretado la terminación oficial de las conversaciones con diversos grupos armados ilegales, revirtiendo la política de acercamiento iniciada por la administración de su antecesor, Gustavo Petro. La medida, oficializada mediante una serie de resoluciones ejecutivas, implica la revocación inmediata de los nombramientos de los representantes del Gobierno y el retiro del reconocimiento legal a los delegados de las estructuras armadas en los procesos de negociación.
Las resoluciones, conocidas este sábado tras su expedición el viernes por la noche, afectan directamente los mecanismos de diálogo con organizaciones como el Estado Mayor Central (EMC) —la mayor disidencia de las antiguas FARC— y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), entre otros grupos. Según la documentación oficial, el Ejecutivo ha dado por concluidos los «espacios de conversación sociojurídica» al considerar que estos no han prosperado bajo los términos requeridos para la estabilidad del país.
Desde la Presidencia se enfatizó que esta decisión se ampara en la potestad constitucional del jefe de Estado para dirigir el orden público y decidir de manera discrecional cómo, cuándo y con quiénes se pueden llevar a cabo acercamientos o conversaciones de paz. Este movimiento jurídico pone fin a la estrategia denominada «Paz Total», que buscaba salidas negociadas con múltiples actores armados de forma simultánea.
El anuncio del desmonte de las mesas de negociación ocurre de manera paralela a la reciente reestructuración de la cúpula militar. De acuerdo con las directrices de la nueva administración, el enfoque prioritario de las fuerzas de seguridad se centrará en el combate directo a la criminalidad y el fortalecimiento de la presencia institucional en el territorio colombiano.
Con esta medida, el Gobierno de De la Espriella marca una ruptura definitiva con la hoja de ruta establecida en el periodo anterior, priorizando la defensa de la legalidad y el ejercicio pleno de la autoridad constitucional sobre los procesos de mediación con grupos insurgentes y estructuras delictivas.
