Compromís solicita una comisión de investigación ante las diligencias judiciales que afectan al Gobierno de Valencia
El grupo municipal Compromís per València ha anunciado este martes su intención de solicitar la creación de una comisión de investigación en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Valencia. La propuesta surge tras la apertura de diligencias de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción y otros procedimientos judiciales que afectan directamente a la alcaldesa, María José Catalá, y a cinco concejales del equipo de gobierno local por presuntos delitos relacionados con la gestión pública.
La iniciativa parlamentaria se produce el mismo día en que se ha hecho pública la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de investigar a la alcaldesa Catalá, junto a las concejalas Rocío Gil y Paula Llobet. El Ministerio Público indaga en la presunta comisión de delitos de prevaricación y tráfico de influencias en relación con una supuesta red de contratación de personal. La investigación también alcanza a la presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao, y a cuatro trabajadores públicos del consistorio y la entidad portuaria.
El caso que motiva las diligencias de Anticorrupción se fundamenta en una denuncia presentada por Compromís sobre la presunta coordinación entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria para la recolocación de personal. Según los indicios presentados, estas maniobras se habrían llevado a cabo durante el proceso de liquidación del Consorcio València 2007. La formación denunciante sostiene que, mientras se extinguían contratos de la plantilla general, se habrían habilitado plazas específicas para beneficiar a perfiles vinculados al entorno del actual ejecutivo local.
Además de las diligencias referidas a la gestión del personal, la comisión de investigación solicitada busca abordar la situación de otros miembros del gobierno municipal que enfrentan procesos judiciales paralelos. Entre ellos se encuentra el concejal Juanma Badenas, investigado por presunta prevaricación, malversación y falsedad documental en la entidad Valencia Activa, y la concejala Cecilia Herrero, por presuntos delitos de odio.
Desde Compromís han justificado la necesidad de esta comisión ante lo que consideran indicios suficientes de una gestión irregular de los recursos públicos. La formación señala que el objetivo es esclarecer si se ha utilizado la administración municipal como una agencia de colocación, especialmente en el contexto de la liquidación de organismos públicos donde, según su versión, se habrían priorizado intereses particulares sobre la legalidad administrativa.
La solicitud será sometida a debate en la próxima sesión plenaria, donde los grupos políticos deberán posicionarse sobre la apertura de este órgano de fiscalización interna para analizar el alcance de las responsabilidades políticas derivadas de estas investigaciones penales en curso.
