El Congreso rechaza el decreto del Gobierno para prorrogar los contratos de alquiler hasta 2027
El Plenary del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes la convalidación del Real Decreto-ley que contemplaba la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler de vivienda habitual por un periodo de hasta dos años. La iniciativa, que formaba parte del paquete de medidas impulsadas por el Ejecutivo, no ha alcanzado la mayoría necesaria tras obtener 177 votos en contra, frente a 166 a favor y cinco abstenciones, lo que supone el cese inmediato de su vigencia jurídica.
La votación ha estado marcada por la fragmentación del bloque de investidura. El rechazo conjunto del Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya, sumado a la abstención del PNV, ha impedido que la norma supere el trámite parlamentario. Esta derrota legislativa deja sin efecto una de las medidas centrales en materia de vivienda promovidas por Sumar, socio minoritario del Gobierno, que buscaba dar cobertura a los inquilinos cuyos contratos expirasen antes del cierre de 2027.
El decreto ahora derogado había entrado en vigor de forma provisional el pasado 20 de marzo. Además de la extensión automática de los arrendamientos, el texto establecía limitaciones en la actualización anual de las rentas para evitar incrementos vinculados a la inflación. Con el resultado de este martes, la protección legal decae, afectando a aquellos inquilinos que no se hubieran acogido formalmente a la prórroga durante el breve periodo en que la norma ha estado vigente.
Desde la tribuna, la oposición ha fundamentado su negativa en el impacto de la medida sobre el mercado inmobiliario. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sostenido que este tipo de regulaciones reducen la oferta de vivienda disponible. Por su parte, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, apeló infructuosamente a los grupos parlamentarios antes de la votación, solicitando aparcar la confrontación política para atender la situación de los ciudadanos con contratos próximos a expirar.
La tramitación de esta norma ha evidenciado las tensiones internas dentro de la coalición gubernamental. La decisión de separar las ayudas energéticas del decreto de vivienda fue una estrategia para asegurar el apoyo de Sumar al paquete económico principal, dado que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había reconocido previamente que no contaba con las garantías necesarias para validar la regulación de los alquileres en el Congreso.
Este nuevo revés parlamentario subraya la complejidad de la aritmética legislativa en la presente legislatura. La ausencia de varios ministros del PSOE durante la sesión y la posición crítica de socios habituales como Junts y PNV reflejan las dificultades del Ejecutivo para consolidar mayorías estables en materias de alto contenido social y económico.
