La Comisión Europea descarta ampliar el plazo de ejecución de los fondos Next Generation
La Comisión Europea ha calificado como «no factible en esta fase» la posibilidad de prorrogar el plazo de ejecución de los fondos de recuperación Next Generation EU, cuya vigencia expira en agosto de 2026. Esta determinación del Ejecutivo comunitario surge tras la propuesta formal del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien planteó durante la cumbre informal de líderes europeos en Nicosia la necesidad de contar con un año adicional para el uso de estos recursos económicos.
El vicepresidente ejecutivo y comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, ha subrayado que los tiempos de ejecución están estrictamente fijados por la legislación europea. Según fuentes del gabinete del comisario, cualquier modificación de este calendario carece de margen de discrecionalidad y exigiría una reforma técnica y política de gran calado que Bruselas no considera viable en el contexto actual.
La complejidad jurídica reside en que los plazos están recogidos en tres pilares normativos fundamentales: el Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el Reglamento del Instrumento de Recuperación y la Decisión de Recursos Propios. Una eventual prórroga requeriría la reforma simultánea de estos tres instrumentos, un proceso que además necesitaría la unanimidad de todos los Estados miembros y su posterior ratificación siguiendo los procedimientos nacionales correspondientes.
En la práctica, el marco regulatorio actual establece el 31 de agosto de 2026 como la fecha límite para el cumplimiento de los hitos y objetivos comprometidos por los países miembros. Si bien los pagos finales podrían prolongarse hasta el cierre de ese mismo año, la ejecución efectiva de los proyectos y la justificación de las reformas deben estar completadas antes de que finalice dicho periodo estival.
La petición de España, formulada por el presidente Sánchez ante los jefes de Estado y de Gobierno en Chipre, buscaba extender la financiación de inversiones estratégicas en electrificación y energías renovables. El Ejecutivo español argumentó la necesidad de flexibilizar las reglas fiscales y contar con más recursos para avanzar en la transición energética y reforzar la resiliencia de la economía europea frente a las crisis recientes en el ámbito energético.
Como respuesta a este planteamiento, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha instado a los Estados miembros a acelerar la absorción de los fondos que ya están disponibles. Desde Bruselas se ha recordado que todavía permanecen sin utilizar cerca de 95.000 millones de euros vinculados a distintos instrumentos, incluyendo fondos de cohesión y el Fondo de Modernización, instando a las capitales a priorizar la ejecución administrativa de los mismos dentro de los plazos legales ya establecidos.
