La acusación popular solicita al Tribunal de Cuentas la devolución de los salarios de David Sánchez

Las acusaciones populares en el procedimiento judicial que afecta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, han formalizado sendos escritos ante el Tribunal de Cuentas para que se investiguen y reintegren los salarios percibidos por este y por Luis María Carrero durante su etapa en la Diputación de Badajoz. La iniciativa surge tras la sentencia de la Audiencia de Badajoz que condenó a ambos a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa.

La asociación Iustitia Europa ha solicitado formalmente al órgano fiscalizador que cuantifique y ordene el reintegro de las cantidades abonadas por la corporación provincial. Según el escrito presentado, las retribuciones percibidas por David Sánchez ascenderían a 340.572 euros, mientras que las de Luis María Carrero, exjefe de Coordinación de Programas de Actividades Transfronterizas, se sitúan en 86.988 euros. La acusación sostiene que estas cifras no incluyen las cotizaciones sociales, dietas ni los costes adicionales derivados de la gestión de sus funciones por otros empleados públicos.

La base jurídica de esta petición se sustenta en el propio fallo de la Audiencia de Badajoz. En su resolución, el tribunal penal aclaró que la devolución de los sueldos percibidos no podía resolverse en la vía penal a menos que fuera solicitada por la administración afectada o el Ministerio Fiscal. Al no producirse dicha reclamación, la sentencia señalaba expresamente que el pronunciamiento sobre el menoscabo a los fondos públicos debía reservarse a la jurisdicción contable que compete al Tribunal de Cuentas.

Por su parte, el partido político Vox también ha registrado un escrito ante el mismo tribunal instando a la incoación de actuaciones previas. La formación solicita que se investigue la documentación contable relativa a Carrero, argumentando que la falta de transparencia en la información aportada por la Diputación de Badajoz podría constituir un «saldo deudor injustificado». Vox reclama que se recaben todos los detalles sobre el puesto ocupado y las retribuciones devengadas para depurar posibles responsabilidades contables.

La condena penal que motiva estas acciones se fundamentó en la creación de plazas que la resolución judicial describió como «innecesarias y vacías de contenido», vinculadas a un cambio de nomenclatura en la relación de puestos de trabajo de la institución provincial. El tribunal consideró acreditada la cooperación necesaria en un delito de prevaricación administrativa, lo que supuso la inhabilitación de un total de once personas vinculadas a estos nombramientos.

Desde Iustitia Europa han subrayado que los procedimientos administrativos seguidos fueron meros «escaparates» para justificar el pago de salarios con fondos públicos. La asociación defiende que, una vez acreditada la irregularidad de los nombramientos en sede judicial, el Tribunal de Cuentas debe intervenir para garantizar el resarcimiento patrimonial a las arcas públicas por servicios que, según la sentencia, no respondían a una necesidad real de la administración local.