Un informe de Pimec revela que el Estado absorbe hasta el 52% de los incrementos salariales por la falta de deflactación del IRPF
La patronal catalana Pimec ha presentado este jueves un informe titulado ‘Aumento de la presión fiscal por la no deflactación de las tarifas de IRPF’, en el que se analiza el impacto del fenómeno económico conocido como «fiscal drag» o progresividad en frío. Según el estudio, el Estado absorbe entre el 47% y el 52% de cada euro adicional que las empresas destinan a mejorar la retribución de sus trabajadores a través del IRPF y las cotizaciones sociales, debido a que los parámetros del impuesto no se han ajustado a la inflación actual.
El análisis estima que esta falta de actualización de los tramos y mínimos del IRPF generó una recaudación extraordinaria para las arcas públicas de 11.000 millones de euros solo durante el ejercicio 2023. Si se extiende el periodo al intervalo comprendido entre 2021 y 2024, el impacto acumulado asciende a 16.800 millones de euros, cifra que representa casi la mitad del incremento total de la recaudación tributaria en esos años.
El mecanismo de la progresividad en frío se activa cuando las rentas nominales aumentan para compensar el encarecimiento de la vida, pero los tramos impositivos y los mínimos personales permanecen invariables. En España, el mínimo personal de 5.550 euros y las escalas de gravamen no han sido actualizados de forma general desde el año 2015. Al ser el IRPF un impuesto progresivo, este estancamiento normativo provoca que el contribuyente pase a pagar un porcentaje mayor de su sueldo incluso si su capacidad adquisitiva real no ha aumentado.
El informe de Pimec destaca que el 58% de esta subida fiscal encubierta deriva de la erosión de los beneficios fiscales, al no actualizarse los mínimos personales y familiares, mientras que el 42% restante responde a la progresividad propia de la tarifa. Como consecuencia directa, los trabajadores sufren una pérdida de entre el 2,8% y el 4% de su salario neto real, lo que supone un coste anual por contribuyente de entre 548 y 1.455 euros.
Para ilustrar esta situación, la patronal expone el caso de una renta media de 35.000 euros brutos. Si este salario creciera un 22,1% respecto a 2020 para igualar el IPC, los impuestos abonados se dispararían un 38,7%, pasando de .4563 a 6.331 euros. Esto supone un sobrecoste de 772 euros adicionales imputables exclusivamente a la falta de deflactación de la tarifa. Además, el estudio advierte que las rentas bajas son proporcionalmente las más perjudicadas: en la franja de los 18.000 euros, cada euro adicional puede soportar un tipo marginal efectivo cercano al 49% debido a la retirada de reducciones fiscales.
Desde la perspectiva empresarial, esta dinámica genera un esfuerzo retributivo que no llega íntegramente al empleado. Para que un trabajador mantenga su poder adquisitivo, las empresas deben elevar los sueldos brutos entre cuatro y once puntos por encima de la inflación, lo que acarrea costes adicionales de hasta 3.315 euros anuales por empleado. El colectivo de autónomos también se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, al tributar por la misma tarifa y tener congelados parámetros específicos, como el límite de 2.000 euros de reducción por gastos de difícil justificación.
En el contexto internacional, el estudio sitúa a España a la cola de Europa en la mitigación de este efecto. Entre 2019 y 2023, el país solo neutralizó el 29% de su «fiscal drag» potencial, siendo el segundo porcentaje más bajo de los 21 países analizados, solo por detrás de Chipre. España figura así como el Estado donde el contribuyente ha soportado el mayor impacto efectivo no compensado, equivalente al 0,70% del Producto Interior Bruto (PIB).
Ante estos resultados, Pimec ha instado al legislador estatal a implementar un mecanismo de actualización regular y transparente de los parámetros del IRPF. La patronal propone que, en caso de restricciones presupuestarias que impidan una deflactación total, se priorice la actualización de los mínimos personales y familiares, dado que su inmovilidad es el factor que más contribuye a la subida implícita de la presión fiscal sobre el trabajo.
