Denuncian ante Protección de Datos el sistema de gestión de nacionalidades en el Consulado de Buenos Aires

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha sido objeto de una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por presuntas irregularidades en el tratamiento de la información personal de los solicitantes de nacionalidad en el Consulado General de España en Buenos Aires. La reclamación se centra en las posibles deficiencias de seguridad y transparencia del sistema informático utilizado para gestionar los trámites derivados de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida como «ley de nietos».

Según el escrito presentado por el abogado Guillermo Rocafort, el sistema de acceso mediante identificador de usuario (IDU) empleado por la oficina consular no figura en el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) del Ministerio. Esta omisión supondría una vulneración de la normativa vigente, dado que otros ficheros consulares, como los relativos a visados o altas de residentes, sí cuentan con su correspondiente registro y publicidad en el portal institucional.

La denuncia, encuadrada en la categoría de brechas de seguridad, señala que el sistema carecería de un plan de seguridad integral, de mecanismos de control y registro de accesos para los gestores, y de un protocolo específico de protección de datos. El texto subraya que no se identifica de forma clara al responsable del tratamiento ni se detallan los periodos de conservación de la información, así como las posibles cesiones de datos a organismos como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o servicios de inteligencia.

Uno de los puntos críticos de la reclamación reside en la presunta falta de garantías sobre la identidad del solicitante en el momento del registro. De acuerdo con el denunciante, el proceso no solicita el consentimiento informado ni proporciona las vías necesarias para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, requisitos que sí se cumplen en otros procedimientos administrativos dentro del mismo consulado.

La magnitud del proceso en la capital argentina es especialmente significativa, habiendo generado más de 645.000 solicitudes de IDU hasta el cierre del plazo el pasado mes de octubre. La denuncia sostiene que la falta de rigor en la identificación digital y el tratamiento de datos masivos en una demarcación que concentra gran parte de las solicitudes mundiales de nacionalidad podría comprometer la integridad del procedimiento legal.

Rocafort vincula estas deficiencias técnicas con una supuesta priorización de intereses políticos sobre las garantías administrativas. En sus declaraciones, el letrado sostiene que la ausencia de controles estrictos en el sistema informático ha podido facilitar una gestión masiva de expedientes sin el cumplimiento riguroso de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico español.

Tras la recepción de la denuncia, la Agencia Española de Protección de Datos deberá evaluar la apertura de un expediente de inspección. Esta investigación determinará si el tratamiento de los datos de cientos de miles de ciudadanos en la red consular se ajusta a la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales y al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea.