El Gobierno intensifica su agenda con Consejos de Ministros extraordinarios en plena campaña electoral
El Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ha modificado su calendario institucional habitual al convocar dos reuniones extraordinarias del Consejo de Ministros los viernes 13 y 20 de noviembre. Estas sesiones adicionales, que se suman a las ordinarias celebradas cada martes, coinciden con el desarrollo de la campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El objetivo declarado por el Gabinete es completar la aprobación de diversas medidas sociales y laborales que permanecían pendientes en la agenda legislativa.
Entre los asuntos de mayor relevancia que el Gobierno prevé tramitar en estas convocatorias se encuentran la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la revalorización de las pensiones conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC). Asimismo, se contempla la aprobación de nuevos decretos leyes en materia de derechos sociales. Al encontrarse las Cortes Generales disueltas por la convocatoria electoral, estas normas deberán ser sometidas a la validación de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para mantener su vigencia.
Desde el Palacio de la Moncloa defienden la legitimidad y necesidad de estas reuniones extraordinarias. Fuentes gubernamentales sostienen que la administración tiene el deber de trabajar hasta el último día de su mandato y que la acumulación de asuntos de calado social justifica la ampliación del calendario de reuniones. Según el Ejecutivo, estas decisiones buscan reforzar el Estado del bienestar y cumplir con los compromisos adquiridos durante la legislatura.
Por el contrario, la oposición ha manifestado una postura crítica frente a este incremento de la actividad institucional en vísperas de los comicios. El Partido Popular ha denunciado lo que considera un uso partidista de los recursos del Estado, acusando al presidente del Gobierno de convertir el Consejo de Ministros en un escaparate electoral. Para los grupos de la oposición, la presentación de una batería de logros sociales a pocos días de las urnas responde a una estrategia de movilización del electorado más que a una urgencia administrativa insalvable.
La controversia se centra en la delgada línea que separa la gestión ordinaria de un Gobierno en funciones o en campaña de la utilización de la acción institucional con fines electorales. Mientras el Ejecutivo insiste en la continuidad de su agenda programática, el debate político se traslada ahora a la percepción pública sobre el oportunismo de estas medidas y su impacto real en la intención de voto de cara a la jornada electoral del 29 de noviembre.
