ERC registra enmiendas para suprimir la Audiencia Nacional y sancionar la retirada de símbolos por la Policía
El grupo parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) ha registrado este jueves en el Congreso de los Diputados sus enmiendas a la reforma del Código Penal para la protección de la libertad de expresión. El paquete de medidas incluye propuestas de calado institucional, tales como la supresión de la Audiencia Nacional, la despenalización de las injurias a la Corona y la tipificación como falta grave de la retirada de símbolos políticos por parte de las fuerzas de seguridad.
Una de las enmiendas centrales plantea modificar el régimen disciplinario de la Policía Nacional. La iniciativa busca considerar como «falta grave» la retirada, ocultación o destrucción injustificada de banderas, pancartas o enseñas, haciendo mención específica a símbolos como la estelada. Con esta modificación, el grupo independentista pretende limitar la intervención policial sobre elementos de expresión política en la vía pública.
En el ámbito de las instituciones del Estado, ERC recupera su reivindicación histórica de suprimir la Audiencia Nacional. La propuesta establece que los asuntos que actualmente competen a este tribunal especializado sean derivados a los juzgados y tribunales ordinarios, siguiendo las reglas generales de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para ello, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes debería desarrollar las medidas necesarias para ejecutar dicha disolución.
Asimismo, la formación insiste en la eliminación de los tipos penales que protegen específicamente a la Corona ante expresiones de crítica o protesta. Según el texto registrado, el objetivo es garantizar que la libertad de opinión no se vea cercenada por la protección especial de la que goza la jefatura del Estado en el actual Código Penal, una postura que el partido ha mantenido de forma reiterada durante las últimas legislaturas.
Respecto a los delitos de odio, ERC propone reformar el artículo 510.1 del Código Penal para ampliar la protección a colectivos relacionados con la Guerra Civil Española y la dictadura franquista. La enmienda busca precisar las conductas y supuestos de incitación al odio dirigidos contra estas personas o grupos, reforzando el marco legal frente a discursos que reivindiquen el periodo dictatorial.
En materia de planta judicial y organización territorial, las enmiendas plantean la creación del Consejo de Justicia de Cataluña. Este organismo se proyecta como un órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con sede en Barcelona. Tendría competencias sobre el gobierno judicial en territorio catalán, incluyendo nombramientos, formación e inspección, aunque sus decisiones podrían ser recurribles ante el CGPJ en última instancia.
Finalmente, el documento aborda la protección de los denunciantes de corrupción y la agilización de trámites civiles. ERC propone declarar nulos los actos de represalia contra alertadores, garantizando su reincorporación laboral sin pérdida de retribuciones. En cuanto al Registro Civil, se plantea ampliar el número de autoridades habilitadas para celebrar matrimonios, incorporando a jueces de paz, letrados de la Administración de Justicia y personal funcionario para facilitar el trámite.
