La industria aeroespacial advierte de la inviabilidad de un programa nacional para el caza de sexta generación

Expertos del sector aeronáutico y fuentes industriales han señalado que España carece de la capacidad financiera, tecnológica y de escala necesaria para acometer de forma individual el desarrollo del futuro avión de combate de sexta generación. Tras la incertidumbre en el planteamiento original del Future Combat Air System (FCAS), impulsado inicialmente junto a Francia y Alemania, la estrategia de defensa nacional se enfrenta al reto de definir nuevos marcos de cooperación internacional que permitan el relevo de la actual flota del Ejército del Aire y del Espacio en el horizonte de 2040.

El desarrollo de una capacidad de estas características trasciende la fabricación de un fuselaje y motores convencionales. El proyecto requiere la integración de una «nube de combate», sistemas de inteligencia artificial, sensores de última generación y aeronaves no tripuladas que operen de manera coordinada. Según especialistas vinculados a programas previos como el Eurofighter, la complejidad técnica y el riesgo económico asociado a estas tecnologías superan las posibilidades operativas de cualquier Estado europeo actuando de manera independiente, lo que obliga a un reparto de costes y responsabilidades industriales.

Los precedentes históricos del sector refuerzan esta tesis de cooperación necesaria. El programa Eurofighter, desarrollado por una coalición de cuatro potencias (Reino Unido, Alemania, Italia y España), ya evidenció las dificultades de armonizar calendarios políticos, presupuestos nacionales y requisitos militares. A pesar del éxito operativo del modelo, auditorías parlamentarias internacionales han subrayado históricamente el incremento de los costes y la complejidad de coordinar a diversos fabricantes, factores que se verían multiplicados en un sistema de sexta generación debido a su sofisticación digital y requisitos de baja observabilidad.

Ante la situación actual, la industria española de defensa —representada por compañías como Indra, Airbus Defence and Space, ITP Aero, GMV, Grupo Oesía y Sener— ha manifestado su disposición a poner sus capacidades tecnológicas a disposición del Ministerio de Defensa. No obstante, el sector reconoce que su participación debe enmarcarse en una cooperación multinacional. El conocimiento acumulado en programas nacionales como el Sistema Integral Aéreo de Última Generación (Siagen) permite a España presentarse como un socio de alto valor añadido, pero no como un fabricante integral autónomo.

El compromiso inversor de España en el proyecto FCAS, que contemplaba una inversión de 2.500 millones de euros en fases de investigación y desarrollo hasta 2027, permanece como base de la estrategia industrial actual. El Ejecutivo deberá ahora determinar el encaje de estos recursos en una posible reconfiguración del programa o en nuevas alianzas, con el objetivo de asegurar que la industria nacional mantenga un peso relevante en la toma de decisiones y en la ejecución tecnológica del futuro sistema de combate aéreo europeo.