WASHINGTON D.C. – Una coalición conformada por 25 estados de la Unión Americana ha interpuesto este lunes una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump, cuestionando la legalidad de los nuevos aranceles globales impuestos sobre las importaciones. La acción legal, presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos en Manhattan, busca anular los gravámenes que oscilan entre el 10% y el 12,5% sobre la mayoría de los socios comerciales del país.
La demanda, impulsada por los estados de Oregón, Arizona y California, y suscrita por otras 22 administraciones estatales de signo demócrata, argumenta que estas medidas son «igual de ilegales» que las normativas previas declaradas inconstitucionales por el Tribunal Supremo. Según el texto jurídico, los aranceles impuestos por el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) resultan tan amplios que contradicen sus propios objetivos declarados y carecen de una base legal sólida que los justifique.
El conflicto jurídico se centra en la aplicación de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. La Administración Trump ha justificado esta nueva ronda de gravámenes basándose en una investigación sobre prácticas de trabajo forzoso en el extranjero. No obstante, los estados demandantes sostienen que, si bien apoyan la protección de los derechos laborales globales, el Gobierno federal no puede utilizar el trabajo forzoso como un «pretexto» para continuar con un plan arancelario que consideran fuera del marco legal.
En el recurso presentado, los estados solicitan no solo la anulación de los aranceles, sino también el reembolso de los depósitos abonados hasta la fecha. Alegan que el actual Representante Comercial, Jamieson Greer, no ha seguido los procedimientos y requisitos estipulados por el Congreso. Esta postura coincide con otras demandas paralelas, como la presentada por las empresas Burlap and Barrel Inc y Collective Horology LLC, que critican la falta de investigaciones específicas por país en favor de afirmaciones generalizadas sobre las cadenas de suministro.
Este litigio representa un nuevo capítulo en la confrontación entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos estatales por la política comercial de la Casa Blanca. El pasado mes de febrero, el Tribunal Supremo ya dictaminó la ilegalidad de los aranceles globales impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Aquella sentencia obligó a las autoridades aduaneras a procesar devoluciones por un valor estimado de 166.000 millones de dólares a miles de empresas afectadas.
Tras ese revés judicial, la Administración intentó restablecer los gravámenes mediante el artículo 122 de la Ley de Comercio, medida que también fue declarada ilegal por un tribunal comercial, aunque se mantuvo vigente durante el proceso de apelación hasta su reciente expiración. La actual estrategia bajo la Sección 301 es vista por los demandantes como un tercer intento de reconstruir un muro arancelario que ha sido sistemáticamente cuestionado por los tribunales federales debido a su alcance y fundamento procedimental.
