El Parlamento Europeo retira la inmunidad a Luis ‘Alvise’ Pérez para ser investigado por el Tribunal Supremo
El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este martes la retirada de la inmunidad parlamentaria de Luis ‘Alvise’ Pérez, líder de la agrupación Se Acabó La Fiesta (SALF). Esta decisión permite que el eurodiputado sea procesado por el Tribunal Supremo de España en relación con un presunto delito de acoso en redes sociales contra Susana Gisbert, fiscal delegada de delitos de odio y discriminación en Valencia.
La votación se llevó a cabo a mano alzada al inicio de la sesión plenaria en la Eurocámara, ratificando la solicitud cursada el pasado mes de mayo de 2025 por el alto tribunal español. El suplicatorio remitido por el Supremo busca investigar a Pérez como presunto autor de delitos de acoso o «stalking», provocación al delito de atentado contra la autoridad o funcionario público, y delitos de odio cometidos a través de plataformas digitales.
La decisión del pleno sigue la recomendación emitida hace una semana por la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. Dicho órgano argumentó que los hechos por los que se le pretende investigar no guardan relación con el ejercicio de sus funciones parlamentarias. El informe técnico subrayó que la inmunidad tiene como fin proteger la independencia de la institución y sus miembros en su actividad oficial, pero no ampara conductas ajenas a la emisión de votos u opiniones políticas en el desempeño del cargo.
Tras la confirmación del levantamiento de este privilegio judicial, la causa contra el líder de SALF podrá avanzar en el Tribunal Supremo, donde se espera que sea citado para prestar declaración. Esta resolución marca un precedente para el eurodiputado, quien enfrenta otros frentes judiciales abiertos en la misma instancia jurisdiccional.
Además del caso relativo a la fiscal Gisbert, el Tribunal Supremo mantiene otras cuatro causas pendientes contra Pérez. Entre ellas destaca una investigación por presuntos delitos electorales y financiación ilegal, vinculada a la recepción de 100.000 euros procedentes del empresario Álvaro Romillo, administrador de Madeira Invest Club. Por este asunto ya se ha remitido un segundo suplicatorio a la Eurocámara que se encuentra actualmente en tramitación.
El historial judicial del eurodiputado se completa con otras tres diligencias: la difusión de una prueba PCR presuntamente falsa atribuida al actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; una denuncia por supuesto acoso a los antiguos miembros de su formación, Diego Solier y Nora Junco; y una querella por presuntas amenazas presentada por el alcalde de Algeciras y senador, José Ignacio Landaluce.
