La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, interpelará este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control al Ejecutivo para exigir explicaciones sobre su estrategia de gobernabilidad. El grupo vasco cuestionará la viabilidad de la legislatura ante lo que califican como una «aritmética parlamentaria negativa» y ha anunciado su abstención ante el decreto ley de vivienda, una decisión que, sumada al rechazo de Junts, aboca a la norma a su derogación en la Cámara Baja.
Vaquero solicitará al jefe del Ejecutivo que aclare si pretende sustentar su acción política en «promesas y mensajes de campaña» hasta el término del mandato o si cuenta con un plan para asegurar la estabilidad legislativa. Ante las recientes exigencias de adelanto electoral por parte de otras formaciones, la portavoz jeltzale subrayó que la facultad de poner fin a la legislatura recae exclusivamente en el presidente del Gobierno.
En el plano legislativo, el PNV ha confirmado que no respaldará la convalidación del real decreto ley de vivienda que incluye la prórroga de los contratos de alquiler y el límite del 2% en las actualizaciones de renta. La formación ha justificado su abstención por la falta de negociación previa por parte del Gobierno y por considerar que la norma carece de la seguridad jurídica necesaria para abordar un problema de carácter estructural.
El presidente del PNV, Aitor Esteban, manifestó que el uso de decretos leyes para medidas de vivienda resulta «arbitrario» y criticó que se mantengan fórmulas excepcionales de forma prolongada desde la pandemia. Según Esteban, es imperativo ofrecer una normativa estable a largo plazo que garantice certidumbre tanto a propietarios como a arrendatarios, evitando planteamientos que considera condicionados por la necesidad de supervivencia del Ejecutivo.
Desde el punto de vista técnico, la portavoz Maribel Vaquero denunció que el decreto ley actúa como una «enmienda» a la actual Ley de Vivienda, entrando en contradicción con ella al imponer criterios de zonas tensionadas de manera generalizada, sin respetar la autonomía de las comunidades para decidir sobre dicha aplicación. Vaquero insistió en que los problemas de vivienda requieren un enfoque integral y alejado de planteamientos «ideologizados».
La previsible caída del decreto ley dejaría sin efecto la prórroga de dos años para los contratos de alquiler que vencen entre marzo de 2026 y diciembre de 2027. Ante este escenario, el grupo nacionalista ha instado al Gobierno a clarificar cuál será la situación jurídica de los inquilinos que ya se hubieran acogido a las disposiciones de la norma en caso de que esta sea finalmente rechazada por el Pleno del Congreso.
