Las exreligiosas de Belorado inician una campaña social ante la petición fiscal de 12 años de prisión

Las siete exmonjas de la comunidad de Belorado han puesto en marcha la iniciativa digital #Noalacárcelparalasmonjas con el objetivo de recabar apoyo ciudadano y evitar su ingreso en un centro penitenciario. Esta acción surge tras conocerse que tanto la Fiscalía como la acusación particular solicitan una pena de doce años de cárcel para cada una de las religiosas implicadas en el conflicto cismático que ha trascendido el ámbito eclesiástico.

A través de un comunicado oficial, el grupo de exreligiosas ha manifestado que atraviesa su momento más crítico tras décadas dedicadas a la vida monástica y el servicio religioso. La comunidad califica como «inimaginable» la posibilidad de que la controversia que comenzó entre los muros del convento derive en penas privativas de libertad, señalando que la situación ha alcanzado una dimensión pública que afecta a la percepción de miles de personas.

La recogida de firmas, alojada en la plataforma Change.org, comenzó este jueves su andadura y se mantendrá operativa durante los próximos seis meses. Según los promotores de la iniciativa, el propósito no es demandar privilegios excepcionales ni situarse por encima del marco legal vigente, sino apelar a principios de justicia y proporcionalidad en la resolución del expediente judicial.

En su argumentación, las exmonjas apelan a una justicia con perspectiva humana y sostienen que el ingreso en prisión de personas cuya trayectoria vital ha estado marcada por la renuncia personal y la entrega religiosa supone una medida desmedida. «No se pueden cambiar las rejas de la clausura por las rejas de un centro penitenciario», subraya el comunicado, que define la petición de cárcel como una respuesta injusta ante su historial de servicio.

La comunidad ha recordado el precedente del año pasado, cuando la campaña «Salvemos a las monjas de Belorado» logró reunir el apoyo escrito de 2.464 ciudadanos frente al riesgo de desahucio que pesaba sobre ellas. En esta nueva etapa procesal, las religiosas insisten en que una sociedad robusta no es la que castiga con mayor rigor, sino la que es capaz de priorizar el diálogo y la escucha activa en los momentos de mayor complejidad institucional.

Finalmente, el grupo de exreligiosas insiste en que han decidido dar este paso público para evitar que su postura sea silenciada. El documento concluye reiterando que la aplicación de la ley debe considerar la dignidad de cada persona y buscar alternativas que no impliquen el encarcelamiento en un conflicto que consideran que debería haber sido resuelto mediante el entendimiento mutuo y el respeto.