Un juez de Ceuta decreta la expulsión de un migrante por un delito de atentado a la autoridad
La titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta ha dictado una sentencia condenatoria contra un ciudadano de origen marroquí, de 22 años, tras reconocer este haber lanzado piedras contra un agente de la Policía Nacional. El fallo establece una pena de un año y seis meses de prisión que, conforme a la legislación vigente, ha sido sustituida por la expulsión del territorio nacional y la prohibición de entrada en España durante un periodo de cinco años.
Los hechos que han motivado esta resolución judicial se produjeron el pasado 19 de agosto, alrededor de las 11:00 horas, en la playa de la Almadraba. Según consta en las diligencias, el joven fue interpelado por efectivos de la Policía Nacional que realizaban labores de control e identificación en la zona. En ese momento, el acusado reaccionó lanzando varios proyectiles de piedra contra uno de los agentes, aunque no logró causarle lesiones físicas antes de ser reducido y trasladado a dependencias policiales.
Durante la vista celebrada en la sede judicial, el procesado admitió la autoría de los hechos, lo que permitió alcanzar una sentencia de conformidad. La magistrada ha aplicado la sustitución de la pena privativa de libertad por la medida de expulsión debido a la situación administrativa irregular del condenado, quien había accedido a la ciudad autónoma de Ceuta los pasados días 30 y 31 de julio por vías no habilitadas.
Esta decisión jurídica se ampara en el artículo 89 del Código Penal, que permite la sustitución de penas de prisión por la expulsión del territorio español cuando el penado sea un ciudadano extranjero que no resida legalmente en el país. Con esta medida, se busca garantizar la ejecución de la sanción penal ante la falta de arraigo del individuo en el territorio nacional.
El joven, que permanecía en la ciudad desde finales del mes pasado, deberá abandonar el país de forma inmediata, quedando registrada la prohibición de regreso en las bases de datos de las fuerzas y cuerpos de seguridad para asegurar el cumplimiento efectivo de la condena impuesta por el Tribunal de Instancia.
