Fedea cuestiona los criterios de la regularización extraordinaria de extranjeros y advierte sobre el intervencionismo en la Ley de Industria
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha manifestado sus reservas ante el proyecto de regularización extraordinaria de extranjeros que se tramita en las Cortes Generales, señalando inconsistencias en los criterios de arraigo y vulnerabilidad. En su último boletín de seguimiento de reformas estructurales, la entidad dirigida por Ángel de la Fuente también ha alertado sobre el cariz «intervencionista» del nuevo proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica (PLIAE), actualmente en fase parlamentaria.
Respecto al proceso de regularización, que podría afectar a medio millón de personas, Fedea pone el foco en el uso de la vulnerabilidad económica como eximente de los requisitos habituales de arraigo familiar o laboral. Según el informe, no resulta coherente priorizar exclusivamente a quienes disponen de menores medios económicos, ya que esto podría traducirse en una mayor demanda de ayudas públicas y mayores dificultades de inserción laboral en comparación con otros solicitantes que carecen de dichos lazos pero cuentan con recursos propios.
La fundación sostiene que, si se acepta la vulnerabilidad como criterio para regularizar a extranjeros con al menos cinco meses de estancia, la medida debería hacerse extensiva a todo el colectivo para evitar vaciar de contenido el concepto de arraigo. En este sentido, el organismo propone dos alternativas: reconocer el proceso como una regularización automática para simplificar los trámites administrativos o, preferiblemente, eliminar la referencia a la situación económica y mantener los requisitos de arraigo laboral o familiar con independencia de la renta del solicitante.
En el ámbito industrial, el boletín de Fedea analiza el impacto del proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica. El informe advierte que la norma introduce herramientas de corte intervencionista, destacando la creación de la figura de «proyectos industriales estratégicos». Estos permitirían al Ejecutivo otorgar ayudas discrecionales y agilizar trámites de conexión a infraestructuras clave, lo que a juicio de la entidad podría alterar la competencia y la eficiencia del sector.
Otro punto crítico señalado por Fedea es la obligatoriedad impuesta a las grandes empresas industriales de comunicar el cierre de centros de trabajo o reducciones significativas de plantilla con al menos nueve meses de antelación. Esta medida busca abrir procesos de negociación en las denominadas Mesas de Reindustrialización, donde participarían sindicatos y comunidades autónomas con el fin de buscar alternativas al cese de la actividad, lo que supone un incremento de la tutela estatal sobre las decisiones empresariales.
Finalmente, el informe evalúa la creación de la Reserva Estratégica de Capacidades Industriales (RECAPI). Este mecanismo está diseñado para reducir la dependencia exterior en suministros esenciales ante posibles crisis internacionales. A diferencia de las reservas físicas tradicionales, la RECAPI funcionará como un catálogo de capacidades productivas nacionales latentes que el Gobierno podría movilizar con rapidez, una medida que Fedea vincula con la creciente preocupación por la autonomía estratégica en el actual contexto geopolítico.
