El Tribunal Supremo analiza la legalidad europea de la regularización de migrantes ante las críticas de la oposición

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha iniciado un proceso para determinar si la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno de España se ajusta al marco jurídico de la Unión Europea. El alto tribunal ha dictado dos providencias en las que otorga un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la conveniencia de elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ante la duda de si la medida colisiona con la normativa comunitaria.

Esta decisión judicial surge como respuesta a los recursos interpuestos por la Comunidad Valenciana y Aragón. El tribunal busca esclarecer si el proceso de regularización de extranjeros en situación irregular contraviene el Pacto de Inmigración y Asilo o el Reglamento de Retorno de la Unión Europea. La consulta al TJUE permitiría unificar criterios sobre si un Estado miembro puede proceder a este tipo de medidas de forma unilateral o si estas vulneran los compromisos adquiridos en el espacio común europeo.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado este martes sobre el movimiento del Supremo, calificándolo como un «aviso» directo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Según el jefe de la oposición, la providencia del tribunal confirma las advertencias de su formación sobre una posible vulneración del derecho europeo. Feijóo ha criticado que el Gobierno actúe «sin consenso» y de «forma unilateral», alejándose, a su juicio, de las políticas migratorias que aplican el resto de socios de la Unión Europea.

En el marco de una entrevista institucional, Feijóo ha cuantificado en 1,3 millones el número de solicitudes de regularización que se están tramitando. El dirigente popular ha expresado su preocupación por el impacto social y administrativo de estas decisiones, señalando que en los últimos ocho años han entrado en España cuatro millones de inmigrantes, lo que sitúa a la población de origen extranjero en el 20% del total nacional. Asimismo, ha pedido analizar con detenimiento el alcance de las nacionalizaciones vinculadas a la denominada Ley de Nietos.

La crítica parlamentaria se ha extendido también al ámbito electoral. El presidente del PP ha reiterado su advertencia sobre un posible escenario de «ingeniería electoral», argumentando que las personas regularizadas podrían ejercer el derecho al voto en las elecciones municipales en un plazo de dos años, mientras que los nuevos nacionalizados tendrían acceso inmediato al sufragio. Feijóo ha cuestionado por qué España opta por la regularización masiva mientras otros países europeos priorizan la aplicación de las directivas de expulsión para la inmigración irregular.

Desde la dirección económica del Partido Popular, el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, ha respaldado la necesidad de una intervención jurisdiccional. Bravo ha manifestado que el pronunciamiento del Tribunal Supremo es esencial para garantizar la «máxima transparencia y legalidad» en un asunto de Estado. Según el dirigente, este análisis técnico-jurídico evita que el debate se convierta en una «guerra partidista» y permite evaluar si las políticas del Ejecutivo cumplen con los estándares de rigor exigidos por la Unión Europea.