La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) han iniciado el análisis de un dossier técnico que denuncia presuntas irregularidades en la modificación del código ético de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El documento, denominado «Pelícano 2.0», señala una posible conexión estratégica entre estos cambios normativos y la situación administrativa del denominado caso Negreira, que afecta a la integridad de la competición profesional en España.
La investigación se centra específicamente en la reforma aprobada por la Asamblea General de la RFEF en junio de 2021. Según el informe remitido a los organismos internacionales, dicha modificación supuso una reducción drástica en los plazos de prescripción para infracciones relacionadas con la corrupción. El marco normativo anterior, alineado con los estándares de la FIFA, contemplaba periodos de hasta diez años, mientras que la reforma de 2021 remitió estas faltas a la legislación estatal ordinaria, donde el plazo de prescripción para infracciones muy graves se reduce a tres años.
Esta alteración regulatoria coincidió cronológicamente con el cumplimiento de los tres años desde el último pago certificado por el Fútbol Club Barcelona a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. La justicia ha constatado abonos por valor de 8,4 millones de euros realizados entre los años 2001 y 2018. En este sentido, el informe bajo análisis de FIFA y UEFA sugiere que el cambio normativo habría blindado administrativamente las posibles responsabilidades derivadas de estos pagos en el momento preciso en que podían quedar impunes bajo el nuevo criterio.
El dossier también expone presuntas anomalías en el procedimiento de aprobación interna dentro de la federación. Se detalla que el nuevo código ético no fue tratado de forma previa por la Comisión Delegada de la Asamblea, órgano responsable de supervisar estas modificaciones, ni fue incluido de manera expresa en el orden del día de la sesión. Asimismo, la documentación aportada indica una ausencia de debate técnico o motivación justificada en las actas oficiales que explique el giro hacia una normativa menos restrictiva en materia de integridad deportiva.
La evaluación de los organismos internacionales contempla la discrepancia entre el proceder de la RFEF y las directrices globales de gobernanza. La UEFA, bajo la presidencia de Aleksander Ceferin, ha defendido históricamente que los delitos vinculados a la corrupción y el amaño de partidos no prescriban a nivel disciplinario. El informe advierte que este distanciamiento de los estándares europeos podría comprometer la imagen institucional de España en un contexto de especial relevancia, dada la proximidad de la organización del Mundial 2030.
Para la elaboración de este análisis, se han empleado fuentes públicas y documentos internos de la RFEF, incluyendo actas de los órganos de gobierno entre 2019 y 2021, así como informes de la Agencia Tributaria y diligencias de la Policía Judicial. Tanto FIFA como UEFA han confirmado el acuse de recibo de la documentación y mantienen abierto el proceso de evaluación para determinar si estas reformas normativas vulneran los estatutos de las asociaciones internacionales a las que la federación española está adscrita.
