Organizaciones de derechos humanos solicitan a la Comisión Europea vetar la entrada de Delcy Rodríguez a España
Diversas organizaciones no gubernamentales, encabezadas por la plataforma Refugiados Sin Fronteras, presentarán esta semana una petición formal ante la Comisión Europea para impedir el ingreso a territorio español de la dirigente venezolana Delcy Rodríguez. La iniciativa surge tras la invitación extendida por el Gobierno de España para que la funcionaria participe en la Cumbre Iberoamericana, programada para los próximos días 4 y 5 de noviembre en Madrid.
Hasta la fecha, la campaña ha recolectado más de 9.300 firmas en España y otros países de la Unión Europea, con el objetivo de alcanzar las 10.000 rúbricas antes del jueves. Según ha informado Sergio Contreras, presidente de Refugiados Sin Fronteras, los documentos se entregarán de manera simultánea en la representación de la Comisión Europea en Madrid y en la sede central del organismo en Bruselas.
La demanda principal de estas organizaciones es que la Unión Europea mantenga las sanciones impuestas a Rodríguez, fundamentadas en denuncias por presuntos crímenes de lesa humanidad. Los peticionarios sostienen que la funcionaria formaba parte de la cadena de mando gubernamental en Venezuela, lo que justificaría la vigencia de las restricciones de movilidad dentro del espacio comunitario.
Asimismo, el colectivo ha solicitado al Parlamento Europeo que se establezca un mecanismo para escuchar formalmente a las víctimas de abusos contra los derechos humanos antes de considerar cualquier levantamiento de sanciones. Entre los hechos denunciados se incluyen detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas, situaciones que los activistas consideran fundamentales para el proceso de toma de decisiones de los organismos internacionales.
El documento que se presentará ante las autoridades europeas también requiere una evaluación sobre la pertinencia legal de la invitación del Gobierno español. Los firmantes cuestionan si permitir la entrada de una persona sancionada podría constituir una violación del sistema jurídico europeo y de los tratados vigentes en materia de derechos humanos.
Sergio Contreras, quien reside en España bajo el estatus de protección internacional desde hace ocho años, subrayó la importancia de que el territorio español sea coherente con el marco de sanciones de la UE. Contreras, quien afirma haber sufrido detención arbitraria y juicios militares en su país de origen, enfatizó que la presencia de figuras vinculadas a regímenes cuestionados en foros internacionales debilita la posición de los organismos de supervisión de derechos humanos.
La resolución de esta petición queda ahora en manos de la Comisión Europea, que deberá pronunciarse sobre si la asistencia a una cumbre diplomática de esta índole prevalece sobre las restricciones individuales impuestas por el Consejo de la Unión Europea.
