Interior repliega a 200 agentes de Ceuta para reforzar la seguridad ante la campaña electoral y la alerta yihadista

El Ministerio del Interior ha iniciado una reestructuración de sus efectivos policiales en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con el fin de reforzar la seguridad en la Península. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha ordenado la retirada de cerca de 200 agentes antidisturbios, pertenecientes a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que se encontraban desplegados en comisión de servicios para hacer frente a la presión migratoria. Esta decisión responde a la necesidad de aumentar la vigilancia ante el incremento de incidentes en actos políticos y una reciente alerta por amenazas yihadistas.

El repliegue afecta concretamente a cinco grupos operativos en Ceuta: dos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional y tres de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil. Asimismo, Interior ha dispuesto la salida de una de las dos unidades de la UIP desplegadas en Melilla. Estos movimientos se producen en un contexto de precampaña electoral, donde el Gobierno prevé un aumento de la conflictividad social vinculada a debates sobre la vivienda, la educación y la sanidad.

Fuentes de las fuerzas de seguridad han señalado que la decisión ha provocado malestar en sectores de la Guardia Civil, especialmente entre los pelotones procedentes de León, quienes se habían incorporado al servicio en Ceuta apenas cuatro días antes de recibir la orden de regreso. La retirada de estos efectivos se produce sin que el Ministerio del Interior o el mando único de la crisis migratoria hayan emitido un comunicado oficial al respecto, a pesar de que el estado de emergencia por migración en la zona está vigente hasta finales de año.

A la previsión de altercados en actos públicos se suma una alerta emitida por la Dirección General de Coordinación y Estudios tras detectarse llamamientos yihadistas en canales vinculados al entorno de Daesh. Según informes de inteligencia, se han localizado publicaciones que instan a realizar ataques contra policías y manifestantes en España, aprovechando las concentraciones públicas en Europa. Las directrices detectadas en internet incluyen métodos de ataque mediante el uso de armas blancas, artefactos explosivos e incluso atropellamientos masivos.

La reducción de efectivos en Ceuta impactará directamente en la vigilancia del recinto portuario y el perímetro fronterizo. Hasta la fecha, los grupos GRS y el Servicio Marítimo han centrado sus esfuerzos en combatir a las mafias que organizan traslados de inmigrantes hacia las costas de Cádiz en lanchas rápidas, servicios por los que se llegan a pagar entre 7.000 y 8.000 euros. Las incautaciones de embarcaciones neumáticas han sido constantes en las últimas semanas, coincidiendo con la detección de redes que ocultan a personas en alojamientos precarios antes de intentar el cruce del Estrecho.

A pesar del repliegue, en la ciudad autónoma de Ceuta permanecerá un contingente formado por un centenar de agentes de los GRS y unos 200 efectivos de la UIP. Estas unidades mantendrán la vigilancia sobre los campamentos de acogida, donde se encuentran alojados cerca de 6.000 inmigrantes a la espera de la resolución de sus expedientes. No obstante, estimaciones policiales sitúan la cifra real de personas en situación irregular en el entorno de las 15.000, considerando a quienes pernoctan en viviendas de barrios periféricos o en la vía pública.

El dispositivo de seguridad en las fronteras terrestres de España queda así condicionado por la nueva prioridad del Ministerio del Interior de garantizar el orden público en el territorio peninsular durante los próximos meses. El refuerzo policial se centrará en evitar que la polarización política derive en actos de violencia física, mientras se mantiene el nivel de alerta antiterrorista ante las amenazas transnacionales detectadas recientemente.