Crisis en Sinaloa: Un conflicto armado interno fractura la gobernabilidad y el tejido social del estado

El estado de Sinaloa atraviesa uno de los periodos más críticos de su historia contemporánea tras el estallido de un conflicto armado interno entre las facciones de «Los Mayos» y «Los Chapitos», derivado de la fractura del Cártel de Sinaloa. Lo que las autoridades federales han calificado como un problema de seguridad ha escalado a una confrontación abierta que, desde el 9 de septiembre de 2024, ha paralizado la actividad económica, provocado un colapso institucional y dejado un saldo de miles de víctimas civiles y militares en la región noroeste de México.

El origen de la actual ola de violencia se remonta al 25 de julio de 2024, con el presunto secuestro y traslado forzoso a Estados Unidos de Ismael «El Mayo» Zambada por parte de Joaquín Guzmán López, integrante de la dinastía de «Los Chapitos». Este suceso rompió décadas de equilibrio interno en la organización criminal, desencadenando una ofensiva armada que tuvo su primer choque de alta intensidad en Culiacán, donde la muerte del sargento César Augusto marcó el inicio de una escalada que se ha extendido por más de dos años.

Las cifras recopiladas por organismos civiles y medios de comunicación locales reflejan la magnitud de la crisis. Hasta la fecha, se contabilizan 3,181 homicidios dolosos y 2,811 personas desaparecidas, aunque colectivos de búsqueda estiman que la cifra real de desapariciones supera las 4,000 víctimas. El impacto en la seguridad patrimonial es igualmente severo, con el robo de 12,481 vehículos y la incidencia de 166 feminicidios, situando a Sinaloa como uno de los epicentros de la violencia de género en el país.

En el ámbito político, el conflicto ha generado un vacío de poder sin precedentes. El gobernador Rubén Rocha Moya se encuentra bajo el escrutinio de una corte federal en Nueva York, enfrentando acusaciones de conspiración y vínculos con una de las facciones criminales. Rocha Moya ha solicitado licencia a su cargo de manera intermitente en medio de una crisis de legitimidad, mientras que figuras clave de su gabinete, como el exsecretario de Seguridad Pública, General Gerardo Mérida Sánchez, se han entregado a la justicia estadounidense para colaborar en las investigaciones.

La respuesta del Estado mexicano ha consistido en el despliegue de más de 11,000 efectivos del Ejército y la Guardia Nacional. Sin embargo, las fuerzas armadas han sido blanco recurrente de ataques, registrando más de 200 agresiones directas que han resultado en 17 soldados fallecidos y 107 heridos. La infiltración del crimen organizado en las estructuras de procuración de justicia local ha forzado a la Fiscalía General de la República (FGR) a atraer investigaciones críticas, como el caso de la desaparición de Carlos Emilio Galván en Mazatlán, donde se detectó el encubrimiento por parte de autoridades estatales.

El sector productivo reporta una devastación económica profunda. Martha Reyes, presidenta de Coparmex en Culiacán, ha señalado el cierre masivo de negocios y la pérdida de miles de empleos debido a un toque de queda de facto y la inseguridad en las vías de comunicación. La violencia ha alcanzado niveles de crueldad contra la población civil no combatiente, incluyendo el uso de drones con explosivos en zonas rurales y ataques armados en centros urbanos que han cobrado la vida de menores de edad.

Finalmente, el conflicto se ha desplazado hacia el sur del estado, afectando gravemente al puerto de Mazatlán. El centro turístico ha visto mermada su afluencia de visitantes tras registrar balaceras en zonas comerciales y la desaparición de grupos de turistas en febrero de 2026. Mientras el Gobierno federal mantiene una postura cautelosa respecto a las órdenes de extradición de funcionarios estatales, la sociedad civil continúa movilizándose bajo la demanda de un cese al fuego y la restauración del orden constitucional en una región que permanece bajo el asedio de la delincuencia organizada.