Denuncian irregularidades en la tramitación de la nacionalidad española en el Consulado de México
Una fuente interna del Consulado General de España en la Ciudad de México ha revelado presuntas anomalías en la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida habitualmente como «ley de nietos». Según el testimonio de un trabajador de la oficina consular, una proporción mayoritaria de las nacionalidades concedidas no se ajustaría al espíritu de la norma, y se habrían producido instrucciones para alterar fechas en documentos oficiales con el fin de tramitar expedientes fuera de plazo.
De acuerdo con la información obtenida por THE OBJECTIVE, que ha verificado la identidad y el puesto del declarante, solo el 10% de los expedientes gestionados en esta demarcación correspondería a descendientes de exiliados reales de la Guerra Civil o la dictadura franquista. El 90% restante de las solicitudes pertenecería a descendientes de ciudadanos españoles que emigraron por motivos económicos o en periodos cronológicos ajenos al conflicto bélico, incluyendo casos de antepasados nacidos en el siglo XIX antes de la creación del Registro Civil.
El testimonio señala que, en la demarcación de Ciudad de México, se habrían tramitado aproximadamente 40.000 concesiones de nacionalidad. La fuente denuncia la existencia de una dinámica institucional orientada a elevar el volumen de nacionalizaciones, priorizando la cantidad sobre el cumplimiento estricto de las instrucciones administrativas. Según este relato, el elevado número de expedientes resueltos favorablemente podría estar vinculado al cumplimiento de objetivos internos de los responsables consulares de cara a futuros destinos profesionales.
Uno de los puntos más controvertidos de la denuncia refiere a la presunta alteración de las fechas de presentación de las solicitudes. El trabajador asegura que se recibieron órdenes directas para modificar, mediante el uso de corrector o la sustitución de formularios, las fechas de entrada de expedientes que llegaron después del 22 de octubre, fecha límite para la presentación de determinadas solicitudes bajo la normativa actual. Esta instrucción se habría transmitido a través de grupos de mensajería interna utilizados por los empleados de la sección consular.
La presunta directiva para modificar los documentos oficiales habría sido impartida por la cónsul adjunta, quien ha declinado realizar declaraciones sobre estos hechos. El testimonio subraya que parte de la plantilla consideró estas prácticas como irregulares o ilegales, pero que el temor a posibles expedientes disciplinarios por incumplimiento de órdenes jerárquicas condicionó la actuación de los empleados subalternos.
Este escenario pone en cuestión la gestión de una de las demarcaciones consulares con mayor volumen de trabajo en el mundo en relación con la Ley de Memoria Democrática. Las revelaciones apuntan a una posible falta de rigor en la acreditación de la condición de exiliado, requisito que, según la fuente, resultó ser «excepcional» en la práctica diaria de la tramitación de expedientes en la capital mexicana.
