El PNV urge a aclarar el derecho al voto de los nacionalizados por la «ley de nietos» ante el 29-N
La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, ha reclamado este jueves una resolución urgente que determine qué ciudadanos nacionalizados bajo la Ley de Memoria Democrática —conocida como «ley de nietos»— podrán ejercer su derecho al sufragio en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La petición nacionalista se produce tras la reciente decisión del Tribunal Constitucional de no admitir a trámite el recurso del Defensor del Pueblo contra la suspensión cautelar del voto dictada por el Tribunal Supremo para ciertos supuestos de esta norma.
En una entrevista concedida a Onda Vasca, Vaquero ha denunciado la situación de «indefinición» jurídica que afecta a miles de ciudadanos cuya nacionalidad ha sido cuestionada en términos electorales. El conflicto técnico reside en la acreditación de la condición de descendiente de exiliados, un requisito que el Tribunal Supremo ha puesto bajo observación, suspendiendo preventivamente el derecho a voto de aquellos que no puedan demostrar fehacientemente que sus antepasados abandonaron España por motivos políticos o de persecución.
La representante del PNV ha criticado la parálisis institucional provocada por los tiempos judiciales, señalando que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo están «pasándose la pelota». El Constitucional ha considerado prematura la intervención del Defensor del Pueblo al entender que el procedimiento ordinario aún debe concluir en la instancia del Supremo. Para la formación vasca, este retraso compromete las garantías democráticas de cara a la cita electoral del 29-N.
«Se tienen que dar garantías para que las personas afectadas sepan si pueden o no pueden votar», ha subrayado Vaquero, quien ha mostrado su especial preocupación por ciudadanos que ya han participado en procesos electorales previos y que ahora se encuentran en un limbo jurídico. El origen de la controversia se halla en una interpretación administrativa que presumía la condición de exilio para determinados supuestos anteriores a 1956, criterio que ahora se cuestiona por su posible falta de ajuste al espíritu original de la ley.
Desde el Grupo Parlamentario Vasco insisten en que la prioridad debe ser ofrecer seguridad jurídica de manera inmediata. La formación nacionalista advierte de que prolongar esta incertidumbre hasta la jornada electoral menoscaba la transparencia del proceso y genera una desprotección de los derechos civiles de los nuevos ciudadanos que accedieron a la nacionalidad española al amparo de la legislación de memoria vigente.
