Álvaro García Ortiz solicita al Tribunal Constitucional la nulidad de su condena por revelación de secretos

El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de anular la condena que le impuso el Tribunal Supremo el pasado mes de diciembre. La defensa, ejercida por la Abogacía del Estado, sostiene que la sentencia incurre en una vulneración de derechos fundamentales, incluyendo la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva y la libertad de expresión.

La resolución del Tribunal Supremo, que ahora se recurre, condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación para el ejercicio de su cargo, además de una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador por daños morales. El proceso judicial se originó tras la difusión de una nota de prensa por parte de la Fiscalía relacionada con el procedimiento penal por presuntos delitos fiscales que afecta a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

En el recurso presentado ante la corte de garantías, el recurrente argumenta que su actuación tuvo una «finalidad institucional legítima», centrada en desmentir informaciones que calificó de confusas y tergiversadas. Según el texto, la intervención del Ministerio Público buscaba defender la integridad de la institución y aclarar la secuencia de hechos en un asunto de elevado interés público, sin que ello supusiera un juicio anticipado de culpabilidad sobre el investigado.

La defensa de García Ortiz califica de «irracional y arbitraria» la valoración de los indicios realizada por el Tribunal Supremo. El recurso destaca que la sentencia se basó en inferencias sin pruebas directas que acrediten que el entonces fiscal general fuera la fuente de la filtración. Asimismo, se señala la omisión de testimonios de periodistas que declararon explícitamente que el condenado no fue quien les facilitó la información confidencial.

Otro de los pilares del recurso de amparo reside en la naturaleza de la información difundida. García Ortiz sostiene que no hubo una revelación de secretos en sentido típico, dado que los datos contenidos en la nota de la Fiscalía ya habían sido publicados previamente por diversos medios de comunicación. En este sentido, la defensa argumenta que el comunicado solo ofrecía una «exposición factual» para corregir versiones erróneas sobre un posible acuerdo entre la defensa de González Amador y el Ministerio Fiscal.

Finalmente, el escrito subraya que existió una «autodivulgación de la confidencialidad» por parte del propio afectado. Según la tesis del recurso, González Amador habría trasladado correos electrónicos compartidos con su abogado a terceros ajenos al proceso, lo que habría propiciado la difusión inicial de los datos. Por ello, el ex fiscal general concluye que la sentencia no tuvo en cuenta que la ruptura de la reserva se produjo con anterioridad a la actuación de la Fiscalía.