El Gobierno autoriza la compra de misiles AIM-120-C8 por un importe superior a los 114 millones de euros
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la celebración de un contrato para la adquisición de misiles AIM-120-C8 destinados al Ejército del Aire y del Espacio. La operación cuenta con un valor estimado de 114.426.000 euros y tiene como objetivo el refuerzo de las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas, así como el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales de defensa suscritos por España.
Según ha informado el Ejecutivo, la compra de este armamento es fundamental para garantizar la operatividad de las flotas aéreas. Los AIM-120-C8 son misiles de tecnología avanzada con capacidad aire-aire y antiaérea, diseñados para su integración en los aviones de combate del Ejército del Aire y del Espacio. Además, estas unidades serán empleadas en las baterías Nasams, sistema utilizado tanto por la rama aérea como por el Ejército de Tierra.
Pese a la aprobación del gasto global, la reseña oficial del Consejo de Ministros no ha especificado el número exacto de unidades que se adquirirán bajo este contrato. La inversión se justifica en la necesidad de mantener actualizados los estándares de seguridad y respuesta ante posibles contingencias, asegurando que el país disponga de material bélico de última generación para sus misiones de vigilancia y control del espacio aéreo.
Esta medida se alinea con la estrategia de modernización de las capacidades de defensa del Estado. El importe de 114,4 millones de euros representa una partida significativa dentro del presupuesto de Defensa, orientada a sostener la eficacia de los sistemas de armas que operan de forma conjunta en diversas estructuras militares españolas.
La adquisición de estos sistemas de misiles permite a España mantenerse en línea con los requerimientos técnicos de sus aliados internacionales y fortalece la cooperación en misiones de seguridad colectiva, un ámbito que el Ministerio de Defensa ha destacado recientemente como prioritario para la estabilidad institucional y la protección del territorio nacional.
