El Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública ha cifrado en menos de 200.000 los trabajadores afectados por el abuso de la temporalidad en las administraciones públicas. Esta estimación oficial contrasta con los datos de las organizaciones sindicales y la Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (Ansiti), que elevan la cifra hasta los 900.000 damnificados, denunciando un sesgo metodológico en el recuento gubernamental que excluiría a una parte significativa del colectivo afectado.
La discrepancia surge en un momento crítico para el Ejecutivo, que debe remitir a la Comisión Europea un análisis detallado sobre la situación de la interinidad en España. El departamento que dirige Óscar López ha solicitado una nueva prórroga a Bruselas para presentar dicho informe, tras una anterior moratoria de dos meses que expiraba el 29 de agosto. España se encuentra bajo la vigilancia de las instituciones comunitarias por el incumplimiento de la directiva de 1999, con el objetivo de reducir la tasa de temporalidad estructural al 8%, un indicador que actualmente se sitúa en el 32,7% tras haber descendido desde el 39%.
Para atajar esta problemática, Función Pública ultima un plan de choque que incluye la implementación de un sistema de alertas tempranas. Esta herramienta informática notificará a comunidades autónomas y ayuntamientos cuando un empleado esté próximo a cumplir los tres años de vinculación temporal, límite legal establecido en la normativa aprobada en 2021 para la ocupación de plazas vacantes. Asimismo, el Ministerio contempla el desarrollo de un régimen sancionador para aquellas administraciones que persistan en el encadenamiento de contratos de forma irregular, una medida que busca disuadir el fraude de ley en la contratación pública.
Desde Ansiti, su presidente Lorenzo Campillo ha calificado las cifras oficiales de «maquillaje contable» y ha denunciado una falta de transparencia en los criterios aplicados por el Ministerio. Según la asociación, el cómputo gubernamental solo contempla a quienes ocupan una plaza en el momento del estudio y acumulan más de tres años ininterrumpidos en el mismo puesto. Este criterio dejaría fuera a miles de profesionales de los sectores sanitario y educativo cuyos contratos se reinician tras breves pausas, así como a trabajadores cesados tras décadas de servicio que no han percibido indemnización alguna.
La situación de interinidad se concentra de manera mayoritaria en el ámbito autonómico, que agrupa tres cuartas partes de las contrataciones en fraude de ley. El sector sanitario es el más afectado por esta dinámica. Diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han reiterado la ineficacia de las medidas adoptadas hasta ahora por España para remediar el abuso de la temporalidad, instando a la aplicación de sanciones que tengan un efecto realmente disuasorio y reparador para el trabajador afectado.
El conflicto mantiene abiertos dos procedimientos de infracción contra España por parte de la Comisión Europea. En este contexto, el colectivo de interinos reclama al Gobierno que aplique los mismos criterios de estabilidad y protección que se exigen a las empresas privadas, así como el cese de la imposición de costas judiciales a los empleados que acuden a los tribunales para defender sus derechos laborales. Por su parte, el Ejecutivo continúa las negociaciones con las comunidades autónomas para consolidar una ley que ponga fin a la precarización del empleo público bajo la estricta supervisión de Bruselas.
