La Audiencia Nacional amplía la investigación por el presunto fraude de visados en el consulado de Argel

La Audiencia Nacional ha procedido a ampliar las diligencias en el caso que investiga una presunta trama de concesión fraudulenta de visados en el Consulado General de España en Argel. La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, María Tardón, ha incluido en el perímetro de la investigación a la empresa india BLS, compañía externa contratada por el Ministerio de Asuntos Exteriores para la gestión de citas y trámites consulares, tras detectar indicios de una estructura criminal dedicada al lucro ilícito mediante la facilitación de entrada legal en el espacio Schengen.

La instrucción judicial, que se inició tras las comunicaciones oficiales de la Consejería de Interior de la Embajada de España en Argelia, mantiene como principales investigados a Vicente Moreno, quien fuera canciller y número dos de la legación, y al trabajador local Mohamed Boutouchent. Ambos fueron detenidos el pasado mes de abril en el marco de la operación «Jazira-Cova». La investigación apunta a la existencia de una red que habría cobrado cuantías económicas, que en algunos casos ascendían a 25.000 euros por familia, a cambio de tramitar visados y permisos de residencia con documentación no verificada o alterada.

Según fuentes judiciales, el entramado no solo facilitaba el tránsito irregular hacia España y Francia, sino que también habría diseñado una operativa de blanqueo de capitales en territorio nacional. Los fondos obtenidos mediante los sobornos, que se entregaban en efectivo a colaboradores de la red en Argelia, eran posteriormente integrados en el sistema legal en España mediante la compra de vehículos de motor y otras operaciones patrimoniales. Por estos hechos, la magistrada imputa cinco delitos: contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental continuada, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Implicación de empresas externas y gestión de citas

El foco de la Audiencia Nacional se sitúa ahora sobre las plataformas de tramitación tipo BLS. La investigación ha detectado la presunta participación de personal de empresas colaboradoras en la selección discrecional de solicitantes, priorizando a aquellas familias que habrían efectuado los pagos requeridos por la trama. Esta externalización de servicios, adjudicada en 2016 por un valor de 175 millones de euros para diversos consulados, ya había sido objeto de controversia en el momento de su concesión debido a antecedentes de la compañía en otros países.

El informe del caso subraya el perjuicio causado a los ciudadanos que seguían los cauces legales. La red presuntamente relegaba las citas de empresarios y estudiantes que cumplían con los requisitos formales para priorizar los expedientes vinculados al pago de comisiones. Esta situación ya había provocado quejas por escrito ante el Ministerio de Asuntos Exteriores por parte de empresarios españoles, quienes denunciaban una denegación sistemática de visados de trabajo para ciudadanos argelinos, lo que calificaban como un «sabotaje» a las relaciones bilaterales.

Situación administrativa de los investigados

Tras su detención y posterior puesta en libertad con medidas cautelares —que incluyen la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales—, el canciller Vicente Moreno solicitó su reingreso en los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores. El departamento que dirige José Manuel Albares ha destinado al funcionario a la subdirección general de Asuntos Patrimoniales, unidad encargada de la gestión de los inmuebles oficiales de la red exterior.

La Administración ha precisado que, conforme a la normativa vigente, no es posible adoptar medidas disciplinarias adicionales, como la suspensión de funciones, mientras no exista un auto de prisión o una sentencia firme de inhabilitación. No obstante, la investigación continúa con el análisis de los 17 dispositivos de almacenamiento intervenidos y el bloqueo de activos financieros e inmobiliarios solicitados por la Audiencia Nacional para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias derivadas del proceso judicial.