El Gobierno cuestiona la instrucción del juez Peinado y defiende la inocencia de Begoña Gómez

El Ejecutivo ha manifestado este martes un rechazo unánime al reciente auto del magistrado Juan Carlos Peinado, quien propone juzgar a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los titulares de Justicia, Félix Bolaños; de Transportes, Óscar Puente; y la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, han coincidido en señalar la falta de fundamento jurídico en la resolución y han advertido sobre el impacto reputacional que este procedimiento genera en la administración de justicia.

Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha reiterado sus críticas a la actuación del juez Peinado, calificando el daño al «buen nombre de la Justicia» como una afectación que podría resultar «irreparable» en diversos aspectos. El ministro ha defendido su derecho fundamental a la libertad de expresión para valorar resoluciones judiciales, subrayando que esta facultad está reconocida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Comisión Europea y las propias asociaciones judiciales. Bolaños ha apelado al sistema de garantías del Estado de Derecho para que los tribunales superiores corrijan aquellas decisiones que no estén debidamente fundadas en derecho.

En la misma línea, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha manifestado que la postura crítica es compartida por la totalidad del Consejo de Ministros. Puente ha cuestionado si el procedimiento busca eliminar espacios de impunidad o si, por el contrario, se trata de causas que «pretenden violentar la acción política de los representantes elegidos democráticamente». El titular de Transportes ha asegurado no comprender el reproche penal contra la esposa del presidente del Gobierno, afirmando que no existe rastro de ilícito ni de ánimo de lucro en la instrucción analizada.

Asimismo, el ministro Puente ha expresado su preocupación por la imagen que este tipo de procesos proyecta sobre la sociedad, sugiriendo que la propia carrera judicial debería estar alerta ante la posibilidad de que se perciba una Justicia que actúa en función del color político del investigado. Según ha indicado, aunque los cargos públicos y sus familiares están sometidos al imperio de la ley, es igualmente relevante que no sean «perturbados o perseguidos» como consecuencia de su posición institucional.

Por su parte, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha reafirmado la confianza del Ejecutivo en que la justicia termine por imponerse, aunque ha considerado compatible este respeto institucional con la crítica a procedimientos que, a su juicio, «desprestigian» al sistema. Saiz ha señalado que el auto del juez Peinado contiene párrafos que exceden lo jurídico, incidiendo en la inocencia de Gómez y en la necesidad de proteger el rigor de los procedimientos judiciales en el país.

Finalmente, Bolaños ha concluido recordando que España cuenta con un marco de garantías superior, mencionando que los tribunales ya han anulado previamente diversas resoluciones en este mismo procedimiento, lo que refuerza su confianza en que las instancias superiores ajustarán el proceso a la legalidad vigente.