El Gobierno defiende ante el Supremo la regularización de extranjeros para evitar un «vacío legal»

El Gobierno de España ha remitido un escrito al Tribunal Supremo en el que se opone formalmente a la suspensión cautelar de la regularización extraordinaria de inmigrantes. A través de la Abogacía del Estado, el Ejecutivo argumenta que paralizar esta medida supondría una «afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas» y perjudicaría el interés general, al dejar a los beneficiarios en una situación de inseguridad jurídica mientras se resuelve el fondo del recurso.

La respuesta de los servicios jurídicos del Estado, en representación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se produce tras la solicitud de la asociación Hazte Oír para que el alto tribunal suspenda el Real Decreto aprobado el pasado mes de abril. La Abogacía del Estado reclama la inadmisión del recurso por «falta de legitimación» de la recurrente o, en su defecto, la denegación de la medida cautelar, al considerar que los argumentos de la asociación se basan en consideraciones abstractas y genéricas sobre la política migratoria.

En su argumentación, el Ejecutivo subraya que los ciudadanos extranjeros que podrán acogerse a esta regularización ya residían en territorio nacional antes del 1 de enero de 2024. Por tanto, sostiene que estas personas ya son usuarias de los servicios públicos, por lo que la concesión de la autorización de residencia no genera un impacto nuevo en las infraestructuras del Estado, sino que permite el acceso al pleno ejercicio de derechos, especialmente el derecho al trabajo.

El escrito destaca que la incorporación formal de estos ciudadanos al mercado laboral derivará en un incremento de las cotizaciones sociales, lo que redundaría en beneficio del sistema público. Asimismo, recuerda que el acceso a la sanidad ya está garantizado por la legislación vigente con independencia del estatus administrativo, por lo que la norma impugnada no altera la carga asistencial en este ámbito.

Desde el punto de vista institucional, el Gobierno hace hincapié en el respaldo parlamentario y social de la iniciativa. El documento menciona que la regularización nace de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 600.000 firmas y que contó con el apoyo de una amplia mayoría en el Congreso de los Diputados, con 310 votos a favor y 33 en contra.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo celebrará esta semana una vista para analizar las diversas solicitudes de suspensión cautelar interpuestas no solo por Hazte Oír, sino también por Vox, la Comunidad de Madrid y otras asociaciones. En dicha sesión, las partes expondrán sus alegatos sobre si la norma debe quedar en suspenso hasta que se dicte una sentencia definitiva.

El Real Decreto en cuestión, según estimaciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, podría beneficiar a cerca de 500.000 personas, divididas entre solicitantes de asilo y extranjeros en situación irregular. Los recurrentes sostienen, por el contrario, que la medida excede los límites legales y altera de forma estructural la política migratoria del Estado, provocando efectos que consideran irreversibles.