El Consejo de Ministros aprueba la revalorización de las pensiones y el refuerzo de la planta judicial
El Gobierno de España ha dado luz verde este viernes, en una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, a la revalorización de las pensiones para el ejercicio 2025 y a la creación de 700 nuevas plazas para jueces y fiscales. Estas medidas encabezan el primero de los consejos extraordinarios programados por el Ejecutivo para tramitar expedientes de carácter social y administrativo antes de los comicios generales del próximo 29 de noviembre.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha informado que la revalorización de las pensiones entrará en vigor el próximo 1 de enero, afectando a más de nueve millones de ciudadanos. Aunque el incremento definitivo está supeditado al dato consolidado del Índice de Precios de Consumo (IPC), las estimaciones gubernamentales sitúan la subida entre el 3% y el 4%. Según el informe presentado por el Ministerio, el objetivo de este real decreto urgente es garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo del colectivo pensionista.
En el área de Justicia, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha detallado la aprobación de 500 plazas para la carrera judicial y 200 para el Ministerio Fiscal. Esta medida supone una ampliación del 7,8% de la planta judicial y del 6,6% de la fiscal, sumándose a las 700 plazas creadas el pasado mes de julio. Bolaños ha defendido la necesidad de este refuerzo para garantizar la eficacia del servicio público y la protección de los derechos de la ciudadanía.
Dentro del paquete de medidas sociales, el Consejo ha aprobado un real decreto para la creación de un título de protección específica para familias monomarentales y monoparentales, reconociendo su especial vulnerabilidad. El plan cuenta con una dotación de 824 millones de euros y aspira a beneficiar a 760.000 familias. Asimismo, se ha garantizado una partida de 7.240 millones de euros para el sistema de dependencia en 2027, con el compromiso de que la Administración General del Estado financie el 50% del sistema y reduzca a tres meses el tiempo de respuesta legal a las solicitudes.
En materia de seguridad y derechos ciudadanos, el Ejecutivo ha creado la figura del Defensor de las Víctimas de Accidentes Colectivos y ha aprobado normativas urgentes para la seguridad ferroviaria. Además, se ha formalizado la decisión de recurrir ante el Tribunal Constitucional una veintena de modificaciones legislativas pactadas en la Comunidad Valenciana por los grupos parlamentarios de PP y Vox.
La agenda legislativa continuará con dos nuevos consejos extraordinarios previstos para los días 13 y 20 de noviembre, según el calendario remitido por el Ministerio de la Presidencia. En cuanto a asuntos de especial sensibilidad jurídica, como el posible indulto al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fuentes gubernamentales han señalado que su tratamiento se pospondrá hasta el periodo de funciones posterior a la cita electoral.
La celebración de estas reuniones extraordinarias en periodo preelectoral ha generado atención sobre el cumplimiento de la neutralidad institucional exigida por la Junta Electoral Central (JEC), si bien desde el Ejecutivo se defiende la legalidad de los encuentros para resolver asuntos pendientes de la legislatura.
