El Gobierno de EE. UU. enfrenta críticas por los sobrecostes y fallos técnicos en la reforma del Monumento a Lincoln
La administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra bajo escrutinio público tras el fracaso técnico y el incremento presupuestario en las obras de remodelación del estanque reflectante del Monumento a Lincoln en Washington D.C. El proyecto, iniciado el pasado mes de abril con un presupuesto estimado inicial de un millón de dólares, ha alcanzado ya los 16,5 millones de dólares, mientras persisten problemas de proliferación de algas y desprendimiento de materiales que han alterado la estética del emblemático sitio nacional.
La intervención, diseñada para conmemorar los 250 años de historia de los Estados Unidos, contempló el drenaje de los 610 metros de longitud del estanque para aplicar una capa de pintura azul marino en el fondo, con el fin de que el agua reflejara los monumentos con los colores de la bandera nacional. Sin embargo, la acumulación imprevista de algas tornó el agua de un color verde turbio en pocos días. Los intentos técnicos por mitigar la situación mediante la aplicación de peróxido de hidrógeno derivaron en una reacción química que provocó el levantamiento del sellador de poliuretano, dejando al descubierto el hormigón original.
Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación por el desfase presupuestario y la efectividad de las obras, el presidente Trump defendió la gestión actual comparándola con intervenciones de administraciones anteriores. El mandatario señaló que la administración de Barack Obama destinó cien millones de dólares durante dos años sin lograr una solución definitiva a los problemas de mantenimiento del estanque. En esta misma línea, portavoces del Departamento del Interior recordaron que las reaperturas del recinto desde 1922 han estado marcadas por crisis biológicas similares, destacando el uso fallido de tecnología de nanoburbujas en el pasado.
El Ejecutivo ha sugerido que el deterioro prematuro de la reforma podría deberse a actos de sabotaje. Según declaraciones presidenciales, se baraja la posibilidad de que terceros hayan vertido fertilizantes en el agua de manera deliberada para acelerar el crecimiento de las algas. Asimismo, el hallazgo de restos de poliuretano flotando ha llevado a la administración a denunciar posibles actos de vandalismo mediante el uso de herramientas cortantes para dañar el revestimiento recién instalado.
Como respuesta a estas incidencias, el Gobierno ha endurecido su postura legal. A través de sus canales oficiales, el presidente recordó la vigencia de penas de hasta 10 años de prisión por la destrucción o intento de destrucción de monumentos federales. El Servicio de Parques Nacionales ha confirmado hasta la fecha la detención de cinco personas bajo cargos de vandalismo, mientras las autoridades mantienen el compromiso de aplicar el rigor máximo de la ley en estos casos para salvaguardar el patrimonio institucional de la capital.
